La decisión de la Junta recuerda que la ley prohíbe cualquier acto organizado o financiado directa o indirectamente por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o éxitos obtenidos. Cree que el anuncio hecho por Armengol vulnera directamente este precepto ya que se asimila a una «campaña de éxitos», algo que se pone de manifiesto en el comunicado que emitió el Govern.
Acto electoralista
La Junta considera que se trató de un acto «institucional y electoralista» porque lo programó el Govern y asistieron el conseller Iago Negueruela, número dos en la lista de Armengol, además de Catalina Cladera, candidata al Consell por este partido. Añade que esta actuación implica que se ha infringido el principio de objetividad, neutralidad e igualdad que deben respetar los poderes públicos durante el proceso electoral.
Para llegar a esta conclusión, la Junta se basa en resoluciones previas de la Junta Electoral Central contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En la campaña de 2021, Ayuso realizó una serie de anuncios de proyectos futuros que pueden entenderse «sin esfuerzo» como un mensaje que formaba parte del programa electoral del PP. En el caso del anuncio de Armengol, la jornada laboral de cuatro días es una de las propuestas estrella de su programa. También se incluye otro acuerdo de la Junta Electoral Central contra Ayuso por unas manifestaciones realizadas en un acto de homenaje a un torero.
Señala que dicho homenaje excedía del homenaje en recuerdo del torero «para entrar en el ámbito propio de la campaña electoral», ya que de sus declaraciones «resultaba lógico inferir un mensaje encaminado a promover en sus destinatarios una valoración favorable a la gestión del gobierno autonómico», algo que encaja en los habitualmente se conoce como «campaña de logros».
El Govern balear presentó alegaciones en contra del escrito del PP y alegaba que en esta visita a una empresa no se convocó a los medios de comunicación para hacer ningún anuncio, sino que se elaboró una nota informativa y, al tratarse de una cuestión de interés público, los medios de comunicación se hicieron eco de ello.
El Govern consideraba que en ningún caso se habían infringido los límites que marca la ley y que ni la intervención de la presidenta fue un resumen de los logros conseguidos ni se pidió el voto.
Añade que, como el Govern no se encuentra en funciones, «le corresponde continuar desarrollando sus labores, como por ejemplo, diseñar planes piloto de ayudas». La Junta Electoral no comparte esta opinión. El escrito recoge, además, que «espontáneamente, sin que se le hubiera conferido ningún trámite de alegaciones o audiencia», Cosme Bonet, representante del PSIB ante la Junta, registró un escrito en el que defendía el interés público de la jornada de cuatro días y añadía que la nota del Govern era «completamente aséptica» con manifestaciones «totalmente neutras y objetivas» sobre el plan piloto. La Junta tampoco comparte esta opinión.
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