Baleares se ha convertido en destino preferencial para grandes inversores inmobiliarios del extranjero. Y de paso en una de las regiones españolas predilectas para la obtención de las Golden Visa, el permiso de residencia para extracomunitarios tramitado en 20 días por desembolsos de a partir de medio millón de euros para la compra de una o más viviendas.
Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el pasado año se concedieron 314 permisos por este tipo de inversiones en las Islas, el 8,3 % del total estatal (3.783). Baleares se integra de esta manera en el grupo de provincias que aglutinan más autorizaciones junto con Barcelona, Madrid, Málaga y Alicante. España es además uno de los estados más prolíficos de la UE en concesión de visados dorados.
Las Golden Visa es un tema espinoso para el Gobierno, reacio a facilitar información sobre este programa. Fue impulsado en 2013 por el entonces ministro Cristóbal Montoro para dinamizar la economía estimulando la inversión extranjera en España, pero desde Bruselas nunca se ha visto con buenos ojos. La Comisión Europea lleva tiempo advirtiendo a España y al resto de países miembros que mantienen este programa de los riesgos que conlleva, ya que puede facilitar el movimiento de dinero de origen dudoso y por ejemplo servir de atajo a tramas criminales para el blanqueo de capitales.
Una denuncia a la que se han sumado entidades como la ONG Transparencia Internacional, quien señala que «estos programas manejados de manera deficiente permiten a los corruptos trabajar y viajar sin restricciones por toda la Unión Europea, al tiempo que socavan nuestra seguridad colectiva».
Por otra parte, la propia Comisión Europea indica que en realidad no se conoce el verdadero número de concesiones por la «falta de transparencia» de los propios gobiernos. Este organismo lleva tiempo instando a abolir las Golden Visa, cosa que Portugal anunció esta misma semana que iba a hacer. El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha reclamado estos días al Gobierno de Pedro Sánchez hacer lo propio con unos permisos que además «fomentan la especulación de los precios de la vivienda en España».
En el caso de Baleares, las solicitudes más numerosas proceden de Estados Unidos (con un notorio incremento en los últimos años), China y Australia, además de Reino Unido, en primera posición desde el Brexit. La guerra en Ucrania ha frenado las concesiones a ciudadanos rusos, aunque no las ha suprimido. Por otro lado, el programa permite al inversor sumar otros permisos para familiares directos con los que conviva, por lo que la cifra suele duplicarse o triplicarse.
La abogada Mar Román, de Castell Abogados, especializada en la tramitación de estas autorizaciones en las Islas (gestionan unas 70 solicitudes al año) asegura que se trata de «una tendencia creciente» en el Archipiélago. La mayoría de su clientela no tiene problemas para alcanza el precio mínimo requerido, sino que lo excede holgadamente. De uno a cuatro millones de euros o más.
Román explica que el proceso para reunir la documentación necesaria es laborioso pero extremadamente fluido en comparación con los trámites de las oficinas de Extranjería para el ciudadano de a pie. Y los filtros legales para garantizar la legalidad de la procedencia del dinero son mínimos, por no decir prácticamente inexistentes. «No hay ningún control sobre el origen del dinero usado para la compra de la vivienda y la obtención del permiso». La documentación requerida incluye la escritura de compraventa, la nota del registro y los antecedentes penales. Poco o nada más.
«No hacen mucho control», coincide Carmen Lebrón, abogada de otro despacho de Palma especializado, Raso & Abogados Asociados. Unas condiciones muy ventajosas que se han aprovechad de modo especial entre compradores británicos en los últimos años, en busca de las libertades que la pertenencia a la UE les brindaba anteriormente.
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