Armengol, Yllanes y Garrido en sus escaños con el grupo socialista de fondo. | Teresa Ayuga

La presidenta Armengol dijo ayer en el Parlament que ya han comenzado los estudios para encajar la propuesta de limitar la venta de casas a no residentes. Este medida –que no es nueva pero que ha resurgido en esta legislatura como consecuencia de los problemas de acceso a la vivienda y por el hecho de que el interés en comprar por extranjeros encarezca el precio de esta– no puede aplicarse sin reformar la legislación, no sólo la española, sino también las europea.

Armengol, en respuesta a una pregunta del diputado Josep Castells (Més per Menorca), recordó que el próximo año le corresponde a España la presidencia de la Unión Europea durante sexis meses (entre julio y diciembre) y que en unos de sus foros se debatirá una propuesta del Parlamento Europeo para aprobar algo así como un estatuto de Islas. Sería en ese marco, según la presidenta balear, cuando podrían abordarse excepcionalidades (algo que consiguieron Dinamarca y Finlandia cuando se incorporaron la UE) que prevean esa posibilidad.

La UIB

Según Armengol, la política de vivienda es una prioridad del Govern pero que todavía no se ha conseguido garantizar en su totalidad y que es cierto que «mucho ciudadanos de otros países europeos y, de fuera de la Unión Europea, tienen la posibilidad de comprar viviendas a precios que para la ciudadanía de estas islas es imposible». Un primer paso para buscar alguna fórmula –dijo– saldrá de un estudio que ha encargado a la UIB.

Castells, que ha llevado este asunto en varias ocasiones al Parlament, recordó que hace unos meses su formación planteó un grupo de trabajo, para analizar obstáculos que hay para limitar la compra de segunda vivienda a no residentes y buscar soluciones.

Hace unas semanas se aprobó una moción del PI, asumida por los partidos de la mayoría de izquierdas y con el voto en contra del PP para avanzar en esa línea.

También Podemos tiene este asunto en su agenda y sus dos diputadas por Balears en el Congreso –Antònia Jover y Lucía Muñoz– presentaron dos preguntas sobre qué gestiones había hecho ya el Gobierno.