Desde entonces han cerrado 37 salas y dos más están en proceso. De ellas 32 en Mallorca (Alcúdia, Calvià, Inca, Llucmajor, Manacor, Marratxí, Palma, Pollença, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí y Sóller), tres en Menorca (Ciutadella y Maó) y dos en Ibiza (Ibiza y Sant Antoni de Pormany). Algunos de los cierres responden a denegaciones de licencias, declaraciones de nulidad o revocaciones de los permisos existentes (15), pero la mayoría se deben a a renuncias y desestimientos de las propias empresas. La patronal atribuye los cierres principalmente a la pérdida de poder adquisitivo de la población y a la crisis turística derivada de la pandemia. Admite también la existencia de casos de presión vecinal sobre determinados establecimientos, pero sostiene que estos son un fenómeno nuevo que ha llegado coincidiendo con la tramitación de la nueva legislación.
«El esfuerzo de esta Conselleria para la protección de la infancia y de los colectivos y barrios vulnerables ante el sobreexceso de casas de apuestas ha sido claro desde el principio de la legislatura. Hemos impulsado medidas que son pioneras en todo el Estado y ya se empiezan a ver los resultados», dicen fuentes de Sectors Productius. Destacan que «para ello ha sido clave el trabajo conjunto con la sociedad civil y las diferentes asociaciones y plataformas de las Illes Balears, que han puesto a disposición del Govern sus diferentes perspectivas de los juegos de azar como una cuestión de salud pública, una cuestión social y una cuestión de convivencia vecinal, y no una cuestión estrictamente de negocio como lamentablemente se había tratado hasta ahora».
La modificación de la Ley 8/2014 de 1 de agosto del juego y las apuestas impulsada desde el Govern balear, encara ahora su recta final en Europa, antes de su aprobación definitiva. Es una normativa pionera a nivel del Estado porque impedirá de facto conceder nuevas licencias en los próximos años. El borrador del texto, que el Govern presentó el 1 de agosto a la Comisión del Juego de Balears, establece un máximo de 75 salas de juego por millón de habitantes. Teniendo en cuenta que las Islas duplican actualmente esa cifra (con 139 salas de juego para 1,2 millones habitantes) la medida supondrá en la práctica que hasta que más de la mitad de los locales que operan ahora no echen el cierre, no se autorizará la apertura de nuevas casas de apuestas. Además de fijar limites a la densidad de locales de juego en función del número de habitantes, la nueva norma fija también una distancia mínima de 500 metros entre locales y prohíbe las máquinas en las inmediaciones de los centros educativos.
A la espera de que se complete la modificación legislativa el sector convive desde 2020 con una moratoria de licencias que frenó el auge de la apertura de nuevos locales. Desde entonces ha habido un decrecimiento progresivo. La patronal critica que el Govern tome como referente la población de Balears a 1 de enero para establecer la densidad máxima de locales de juego sin tener en cuenta la población flotante que llega a las Islas en la temporada alta. «Igual que ocurre con los casinos y los bingos es razonable delimitar la oferta, pero lo que pedimos es que se tengan en cuenta los datos de la población real que tenemos que es la que hay el 1 de julio porque muchos de nuestros clientes son turistas. Si se hiciera así verían cómo la densidad es menor a la de nuestro entorno», dice la Associació d'Empresaris de Sales Recreatives i de Joc de les Illes Balears (Sareiba).
En la tramitación de la nueva normativa ha habido dos grandes protagonistas, de una parte la Mesa Social del juego a la que asisten, entre otros colectivos UNICEF, Cruz Roja, FAPA Mallorca, Juguesca, el Col·legi Oficial Psicòlegs, IREFREA, la defensora Ciutadania Ajuntament de Palma, el Director General de Salut, PADIB (Pla d'Addiccions i Drogodependències Illes Balears) y Projecte Home; y de otra la Comisión del juego (intregrada por la patronal del sector) que discrepa del enfoque del Govern y pone el foco en la generación de empleo en su impacto económico y social. La Patronal critica además que la nueva normativa «cargue toda la responsabilidad sobre el juego privado cuando el juego público (principalmente la Primitiva, el Euromillón y la lotería nacional) se queda con el 53 % del gasto en juego que se hace en España», dice.
El enfoque del Govern balear (al que ahora miran otras comunidades autónomas) deja de lado el impacto económico y laboral, a pesar de ser una normativa impulsada desde Sectors Productius. Prioriza «la protección social de las personas vulnerables». Buena parte de los datos que se han usado durante el proceso de redacción del texto proceden del Observadorio del juego, de ahí que la Conselleria quiera transmitir la idea de que el cierre de salones recreativos y de apuestas es «un triunfo colectivo».
La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica creó en 2020 el Observatorio del Juego Online (ojo.cat) como «herramienta para la búsqueda, desarrollo, publicación y difusión de información relacionada con las nuevas modalidades de juegos de azar, videojuegos, y nuevas tecnologías que puedan generar comportamientos adictivos, compulsivos o patológicos». En su primera memoria anual 2021-2022 habla del «contexto de aumento constante y generalizado en todos los segmentos del juego en línea» pasando de 985.333 personas en 2015 a 1.481.727 jugadores activos mensuales en 2020 (con un gasto medio por jugador de 293 euros en 2015 y 533 euros en 2020) de acuerdo con el informe Análisis del perfil del jugador en línea, elaborado por la Direcció General d'Ordenació del juego.
«No solo la oferta del juego en línea ha irrumpido con fuerza haciendo uso de estrategias de marketing y publicidad agresivas y contribuyendo al aumento de personas con problemas de adicción al juego, sino que también lo ha hecho el sector de videojuegos. Todo esto ha favorecido un cambio del perfil de los jugadores y jugadoras: más jóvenes, con mayor nivel de estudios y con un mayor número de jóvenes con problemas de juego de apuestas a través internet», según la Estrategia Nacional sobre adicciones 2017-2024. Los últimos datos sitúan a Balears como la tercera comunidad autónoma con más establecimientos de juego por cada millón de habitantes. Fue además el territorio nacional donde más creció el número de autoprohibidos del juego en 2020 (un 56,9 % en comparación con 2019). La inscripción en un registro de prohibidos impide el acceso de la persona firmante a aquellos juegos respecto de los que la Administración Pública competente haya determinado la necesidad de realizar la identificación previa del jugador.
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