De esta manera y según datos del pasado mes de junio, un 29,1 % de los ciudadanos de las Islas encuestados tiene intención de solicitar un préstamo en los próximos meses, la mayoría por pura premura económica. De hecho, los principales motivos de esas peticiones son necesidad de dinero (un 26,7 %) y refinanciación de deudas (15,9 %).
Las estrecheces que trajo consigo la pandemia (la paralización económica, los ERTE...) ya trajo consigo un aumento de las peticiones del 10 % en 2021. La inflación ha cogido el testigo en el supuesto año de la recuperación provocando un nuevo ascenso interanual del 5,6 % .
El informe concluye que «el riesgo es evidente: la inflación está ahogando a muchas familias que no llegan a fin de mes y la necesidad de conseguir dinero por financiación es mayor».
Luis Gallardo Sánchez-Toledo, autor del informe, señala que, con todo, Balears es una de las comunidades que ha mostrado unas oscilaciones menos acusadas, situándose en torno a la media estatal. «El cambio más importante ya llegó en 2021, cuando hubo mucha necesidad por la COVID. Ahora se ha recuperado cierta normalidad, aunque la inflación esté haciendo que mucha gente esté tratando de cuadrar sus cuentas con préstamos».
Gallardo -que lleva más de 18 años desarrollando su labor en el ámbito de la protección a los consumidores y la educación financiera después de haber trabajado en la sociedad de valores de CaixaBank y el Grupo Santander- señala que la precipitación y la falta de planificación de los consumidores a la hora de solicitar los préstamos es solo uno de los problemas. El otro es responsabilidad de un sector, el de la banca, que en este momento de necesidad ciudadana no ha evolucionado su oferta hacia productos más baratos y de mayor cobertura, sino que ha ido justo en dirección contraria: los créditos se están viendo poco a poco limitados a los más desahogados y se corre el riesgo de acabar dejando fuera a los realmente necesitados. «Determinados perfiles pueden acabar siendo excluídos financieros. Que los bancos empiecen a expulsar a ese tipo de clientes es un riesgo real y se puede crear la paradoja de que solo se den préstamos al que no lo necesita», advierte Gallardo.
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