«Las ambulancias en manos GSAIB suponen un sobrecoste de más 6 millones en dos años»

Además, Rodríguez también ha organizado y desarrollado numerosos proyectos europeos e internacionales relacionados con la formación y gestión de la asistencia de emergencias extrahospitalarias en Francia, Alemania, Lituania, Gran Bretaña, Irlanda, Argentina, Perú y Senegal.

Desde la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancia alertan que actualmente, el sistema de gestión del Govern provoca un sobrecoste de seis millones entre 2018-2020 a los ciudadanos de Baleares. Por ello, consideran que habría que volver al sistema de colaboración público-privada ya que es más eficiente que el actual.

—Desde ANEA califican de fracaso la gestión pública del transporte sanitario en las Islas Baleares. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? ¿Podría definirlo con una sola palabra?
—Si quiere que se lo defina en una sola palabra le diría derroche o despilfarro a costa del bolsillo de los ciudadanos de Baleares.

—¿Las consecuencias de esta mala gestión del transporte sanitario afectan a todas las Islas Baleares por igual?
—Sí, el GSAIB (Gestión Sanitaria y Asistencial de las Islas Baleares, empresa pública en la que el Ib Salut ha externalizado ciertos servicios) es una entidad de ámbito autonómico.

—Desde ANEA se habla de un sobrecoste de seis millones de euros para el Govern balear con la gestión de GSAIB en comparación con el modelo anterior de adjudicación en empresas privadas.
—Nosotros no creemos que haya aumentado la calidad del servicio. En el anterior modelo de concertación público-privada, la empresa que gestionó el servicio de urgencias en Ibiza y Formentera no tuvo ninguna penalización por retrasos, falta de personal o una deficiencia en la asistencia a los pacientes.
El desvío tan importante de los costes se ha debido al aumento del personal en los servicios centrales del GSAIB, donde se acumula personal sin un objetivo de eficiencia y mejora. Le pongo un ejemplo: en el departamento de logística ha aumentado la plantilla de dos a 19 trabajadores. ¿Qué eficiencia es ésta de la que tanto se presume?
Por otro lado, en las cuentas públicas del GSAIB no están reflejados los gastos de la compra de las ambulancias, equipamiento, fungibles, ni el alquiler o utilización de las diferentes sedes o bases donde se ubican.

—¿Cuál es el objetivo de ANEA? ¿Qué es lo que quieren conseguir anunciando el fracaso y la poca eficiencia de la gestión pública?
—Nuestro único objetivo es denunciar un modelo basado en decisiones políticas que soportan los ciudadanos bajo el espejismo de un mejor servicio. Este servicio de transporte sanitario nunca ha sido prestado con recursos públicos, lo que contradice las afirmaciones de que hay que revertir este servicio para ser público otra vez.
El modelo de concertación público-privada está funcionando de manera eficaz en el resto de las comunidades autónomas, ¿o acaso la gestión de la pandemia por la covid ha sido menos efectiva en Asturias, Comunidad Valenciana o Galicia? Y esto es algo de lo que presume el GSAIB constantemente.
Por otra parte, hemos denunciado ante el Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) el método monopolista del servicio de urgencias en las islas. Todas las llamadas para la demanda de un servicio de urgencias a través del 112 o 061 son canalizadas al GSAIB, empleando para servicios privados las ambulancias públicas de las que dispone, minorando estos medios para atender a la población y anulando la actividad privada en las islas. Y creemos, por último, que como dinero público invertido que es, se debe rendir cuentas de este sobrecoste a los ciudadanos a través de sus órganos de representación.

—¿Cuál es el estado actual del servicio del transporte sanitario? ¿Ha mejorado, ha empeorado o continúa en la misma línea, aunque con un mayor gasto público?
—Por los datos que tenemos, las ambulancias asistenciales de Soporte Vital Avanzado (UVI) y Soporte Vital Básico (SVB) que prestan sus servicios en las islas son las mismas. Su equipamiento, tanto si el servicio es público o concertado con una empresa, es el mismo, pues está normalizado por una norma europea de obligado cumplimiento en España (UNE 1789) y el personal y su cualificación se recoge en el R.D. 836/2012.

—¿Cuál considera que es el objetivo del Govern Balear al hacer público el servicio de transporte sanitario?
—Avanzar en un modelo centralizador de los servicios públicos basado en unas ideas políticas que hace muchos años se han desechado en otras comunidades. Se trata de un calco de lo que emprendieron empresas públicas que operan en Andalucía, Islas Canarias, Cataluña…etc., pero que abandonaron o que ni han iniciado, posicionándose claramente en la colaboración con empresas privadas de este servicio.

—¿Cree que hay algún tipo de interés político en esta acción del Govern Balear?
—Simplemente, nos remitimos a los acuerdos políticos de los partidos que sustentan el Govern balear.

—¿De cuánto dinero ahorrado estaríamos hablando si el transporte sanitario fuera una colaboración público-privada?
—Según el informe externo que nos han elaborado, estaríamos hablando de al menos seis millones de euros en el periodo 2018-2020, por lo que se ha pasado de un coste de unos 10 millones de euros a más de 16 millones. Además, como hemos comentado, hay partidas de gastos que están soportadas por otros departamentos de la administración balear.

—¿Cuál es la solución que aportan desde ANEA y cuál es el modelo definitivo para que el transporte sanitario de las Islas Baleares sea eficiente y de calidad?
—La Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA) lleva 43 años defendiendo la calidad del transporte sanitario en España. La existencia del título de Formación Profesional de Técnico en Emergencias Sanitarias, obligatorio para el personal de las ambulancias de urgencias, fue una iniciativa nuestra, al igual que las normas de calidad UNE 179.02, el RD 836/2012, las luces azules en los vehículos y un largo etcétera, en todos estos años de existencia. Tenemos mucho que decir referente al transporte sanitario en nuestro país y creemos firmemente que el modelo de concertación público-privada, debidamente evaluado en calidad y su correspondiente partida presupuestaria, es el más eficiente sin ninguna duda.

—¿Considera que la colaboración público-privada del transporte público podrá volver a las Islas Baleares igual que sigue funcionando en otras Comunidades Autónomas?
—Es nuestro objetivo. Esperamos que en los próximos años los responsables de la sanidad balear abandonen el actual modelo de gestión directa del transporte sanitario, manteniendo una coordinación con el 061, la supervisión pública y que garantice la debida asistencia a los pacientes.