Un comercio de Palma

La Llei de Consum vigente, promovida por el Govern de José Ramón Bauzá, considera una infracción «incurrir en conductas discriminatorias en el acceso a los bienes y la prestación de servicios». Este articulado es suficiente, a juicio del PI, para garantizar el respeto de los derechos lingüísticos. | J. J. Monerri

Antoni PolPalma03/08/21 3:59
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El PI quiere que las discriminaciones lingüísticas que sufren los consumidores no queden impunes. En este sentido, los regionalistas instarán al Govern a incluir dentro de sus campañas de inspección en materia de consumo la posible discriminación lingüística por la utilización de la lengua propia por parte del usuario. Y si fuera el caso, exige el PI, que se tramiten las sanciones correspondientes.

Las denuncias de consumidores por discriminación lingüística son de cada vez más habituales. Los denunciantes no critican que el vendedor no les atienda en catalán, sino que se les «obligue» a usar el castellano porque el propio vendedor no les entiende. En algún caso, el vendedor ha llegado a rechazar atender al cliente por razón de lengua, según estos denunciantes.

En su iniciativa parlamentaria, el PI recuerda que los medios de comunicación o la Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics reciben «continuamente» denuncias de este tipo. Asimismo, la formación señala que la Llei de Consum vigente penaliza las conductas discriminatorias con multas que van de los 4.500 a los 24.000 euros.

Administración

El PI reclama también que se garantice la efectividad y el cumplimiento de la Llei de Normalització Lingüística y que se persigan las discriminaciones en el ámbito de la Administración. Se dan con frecuencia en el ámbito de la sanidad, por ejemplo. Con ese propósito, los regionalistas instan a realizar inspecciones, reorganizar a los efectivos y hacer los cambios necesarios para garantizar que los ciudadanos puedan ser atendidos en las dos lenguas oficiales. Asimismo, consideran que se debería incoar el correspondiente expediente disciplinario a los trabajadores públicos que puedan impedir con dolo o culpa el ejercicio de los derechos reconocidos a los ciudadanos.