Los denunciantes del 'caso Puertos' ratifican sus sospechas ante la juez

En una sesión de interrogatorios que se prolongó durante ocho horas para cuatro testigos, los empresarios pusieron de manifiesto sus sospechas de que se amañó el concurso. Ambos grabaron una conversación privada con uno de los investigados, Fernando Berenguer, en la que este les decía que había presiones por parte del presidente de la APB, Juan Gual, y del director para que ganara Marina Asmen, que reunía a varias empresas menorquinas.

Contaron que, tras la apertura de las ofertas, se encargó un informe técnico en el que su propuesta perdía la adjudicación. Tras ese consejo aseguraron que llevarían lo ocurrido a Fiscalía. Ese cambio de los criterios en la valoración es la que centra sus quejas y sus sospechas de un trato de favor a Marina Asmen.

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Además de los empresarios, también compareció un antiguo consejero de administración de la APB, Rafael Torres. Este señaló que tras ocupar el puesto durante más de seis años fue cesado poco después de las adjudicaciones que se investigan, y relató que los consejos en los que se decidió la adjudicación de Maó fueron especialmente tensos. En contra se habían pronunciado el vocal abogado del Estado y el que representaba a Puertos del Estado. El testigo señaló que estas posturas fueron mal recibidas por Gual y que éste daba la sensación de estar enfadado. En la siguiente reunión, el presidente llevó al consejo a la comisión técnica para que explicara su criterio y que, al no cerrarse el punto con unanimidad, volvió a haber un enfado por parte de Gual.

Los testigos, sin embargo, también fueron vagos en algunas respuestas al no concretar ciertos detalles pasado el tiempo o aludir a suposiciones a lo largo de su declaración. Este martes tendrá lugar otra ronda de declaraciones.

Declaraciones sin móviles y blindadas

La magistrada que instruye la causa, Martina Mora, quiere máxima discreción. Antes de la declaración ya había advertido a los abogados que no se permitirían teléfonos móviles u otros soportes, algo muy poco habitual y que responde a cautelas como las que se adoptaron ante la declaración de la Infanta Cristina en el 'caso Nóos'. La juez ha dictado varias providencias en las que advierte a las partes contra revelaciones del sumario.