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La Dirección General de Emergencias coordinará un dispositivo extraordinario de inspecciones para perseguir los incumplimientos de la normativa COVID-19 desde el próximo puente de diciembre y hasta pasada la festividad de Reyes. Como novedad, el Govern ha anunciado el rastreo de posibles fiestas ilegales a través de las redes sociales y el uso de cuatro drones de vigilancia para prevenir aglomeraciones en los espacios públicos.

Los dispositivos actuarán en cada isla en función de las restricciones que fije el nivel de riesgo establecido por los técnicos sanitarios, que se revisará el próximo 15 de diciembre. Cabe recordar que Mallorca está actualmente en nivel 3, con reuniones sociales limitadas a un máximo de seis personas y toque de queda a las doce de la noche salvo en los días clave de las fiestas, cuyas limitaciones serán más laxas.

A pesar del plan, la consellera de Administracions Públiques, Isabel Castro, apeló a la responsabilidad del ciudadano para cumplir con la normativa que pretende salvaguardar la salud pública. «Somos conscientes de que no puede haber un policía detrás de cada persona», reconoció.

Las autoridades son conscientes de que en las reuniones navideñas pueden concentrarse más personas de las recomendadas dentro de las casas sin que haya mucho margen de actuación al respecto. «No se puede entrar en un domicilio particular pero los diferentes cuerpos de seguridad han encontrado alternativas», dijo Castro, refiriéndose a casos en los que ha sido necesario.

«Durante el confinamiento hubo un caso de identificación por el aviso de un vecino que se popularizó», recordó la delegada del Gobierno, Aina Calvo. En este sentido, recordó que «estamos luchando contra la picaresca del tipo: pago cien euros de multa y me monto una cena con más gente. La pregunta es si vale la pena montarla si podemos provocar la muerte de personas».

Y es que las sanciones leves por poner en peligro a un máximo de 15 personas pueden conllevar una multa de hasta 30.000 euros o de hasta 60.000 si el aforo va de 15 a 150 personas.

«Tenemos contacto estrecho con el Poder Judicial pero no queremos entrar en los domicilios», explicó Calvo, ya que para acceder a una casa es necesaria la autorización de un juez. «Lo que sí se puede es tocar a la puerta, identificar a la gente y pedir los datos», añadió. Dicho esto, la delegada del Gobierno instó a «respetar nuestras vidas» porque «la pandemia mata», y «sólo el cumplimiento estricto es la mejor medicina para el control de los contagios», apostilló.

El operativo de Emergencias empezará este fin de semana y quiere servir de ensayo para las fiestas de Navidad, sin perder de vista que después habrá que controlar también, de forma específica, las festividades de Sant Sebastià y Sant Antoni.

Los diferentes municipios, representados por el presidente de la FELIB, Antoni Salas, celebraron «disponer de más efectivos» para llevar a cabo el control. «Gestionamos el día a día de la gente con Educació en los colegios, regulando las fiestas, los mercados, actos culturales o la apertura de los parques», recordó Salas. De ahí que destacara la necesidad de contar con el apoyo y la coordinación de los diferentes cuerpos de seguridad.

Casi mil inspecciones Desde que se pusieron en funcionamiento los operativos conjuntos el pasado mes de julio y hasta el 30 de noviembre hay un balance de 966 inspecciones realizadas (Mallorca 550, Menorca 140, Eivissa 239 y Formentera 37) y 725 actas levantadas, de las cuales 446 son en Mallorca.

Por otra parte, ya se han registrado un total de 4.745 denuncias, de las que 4.149 corresponden a ciudadanos particulares y 596 a establecimientos. Actualmente, 332 expedientes han finalizado su tramitación y cuentan con propuestas de sanción que suman 703.658 euros.

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