Las investigadoras Fernanda Caro, María Gómez y Joana Maria Mestre, del grupo de investigación en Desigualdades, Género y Políticas Públicas, participan en una investigación que analizará, durante un año, el impacto de los efectos de la COVID-19 en los servicios sociales.
El primer informe publicado, desvela que también la demora en el cobro de los ERTE supuso que sólo en los meses de marzo y abril numerosos ayuntamientos de España hubieran agotado el presupuesto anual destinado a emergencia social.
En esa época, según el informe, los centros de servicios sociales municipales tuvieron que reorganizar su atención a través del teletrabajo y presencialmente en aquellos casos donde la demanda de emergencia así precisara. Las profesionales de este sistema entrevistadas refieren sentirse satisfechas con la tarea desarrollada, sin embargo, critican la falta de medios y el exceso de sobrecarga de trabajo al que se vieron sometidas. «Se empezó a trabajar sin garantías, desde la improvisación en los centros, se ha excedido el tiempo de atención fuera del horario», denuncia una profesional.
En muchos casos la salud de estas profesionales se ha visto afectada por el estrés, la angustia y contención emocional que han realizado con los grupos de población más afectados por esta crisis sanitaria, económica y social. «Hay días que hemos tenido incluso 200 llamadas de personas que hasta la fecha no conocían los servicios sociales», indica una profesional.
La dependencia aparece como otro de los ámbitos más perjudicados. Tal y como afirma una trabajadora social entrevistada «las valoraciones de dependencia se dejaron de hacer en marzo y no sé cuándo se van a retomar», con las implicaciones que este retraso supone para miles de personas dependientes y sus familias.
El informe finalmente recoge que, a pesar de las dificultades, hay una sensación de haber sido capaces de dar respuesta a cada una de las demandas recibidas. «Para mí este periodo ha sido un reto y una oportunidad», afirma otra trabajadora social.
Llueve sobre mojado en un sistema con colapso
El informe explica que las dificultades y las demandas sociales cotidianas se suman a las generadas por la pandemia. Describe cómo, a un sistema previamente saturado, se le añadió la dificultad que supone no poder realizar entrevistas presenciales o visitas domiciliarias, algo que afecta directamente a intervenciones en violencia de género o de seguimiento de menores en situaciones de riesgo. El estudio compara la situación con el sistema sanitario, pues también ha tenido que apostar por la asistencia telefónica.
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