Un total de 33 propietarios de VPO han sido multados con sanciones que suman hasta 60.002 euros por hacer un uso ilegal de las viviendas. Ya ha recaudado un millón de euros por estos incumplimientos, de los que 720.000 corresponden al hecho de no destinar el inmueble a vivienda habitual y permanente. Por este motivo se ha multado a 24 propietarios.
Cinco personas más han recibido multas de 30.000 euros por haber obtenido beneficios con la VPO, algo que está tajantemente prohibido. Lo habitual es que los propietarios las alquilen, pero la ley lo prohíbe. Por esta vía, el Govern ha ingresado otros 150.000 euros.
Infraviviendas
Se han recaudado 120.000 euros más porque los dueños de la vivienda las tenían en condiciones de infravivienda, con muchos más residentes de los permitidos. También se han presentado dos denuncias más a propietarios e inmobiliarias por hacer publicidad de la venta a un precio por encima del permitido para estos pisos. Las multas suman 60.000 euros.
Lo que no ha encontrado el Govern hasta la fecha son infracciones vinculadas con el alquiler turístico. Turisme no es competente en materia de VPO, por lo que la tramitación de estas posibles infracciones no es competencia de la Conselleria de Iago Negueruela, sino de la Conselleria de Marc Pons.
Todas estas sanciones se han impuesto gracias a que la Conselleria d'Habitatge ha comenzado a hacer inspecciones para detectar si se hace el uso correcto de la vivienda. El Govern ha descubierto casos «flagrantes» de incumplimiento de la función social de la vivienda, según asegura un portavoz.
Segunda residencia
La ilegalidad más habitual es no usar el piso como vivienda habitual. Se ha detectado que hay propietarios que viven fuera de Balears que mantienen la VPO y la usan como segunda residencia, algo que está totalmente prohibido.
El Govern quiere que los propietarios de viviendas protegidas sean conscientes de que ocupan esos pisos gracias a que recibieron ayudas de la Administración. Por eso recuerdan que están obligados a cumplir todos los requisitos que establece la ley.
En los últimos años, el Govern ha perdido el ‘control' de más de 5.000 viviendas que, con el paso de los años, han perdido la condición de VPO. Para evitar esta pérdida patrimonial, la Ley de Vivienda que se aprobó en la anterior legislatura estipula que las nuevas VPO solo pueden revenderse a la Administración.
EL APUNTE
Los Presupuestos de 2020 reservan dinero para 585 viviendas protegidas
El parque de vivienda pública del Govern suma en estos momentos 1.800 pisos y el objetivo del conseller d'Habitatge es duplicar esta cifra al final de la presente legislatura. De momento, los Presupuestos de la Conselleria d'Habitatge incluyen 585 viviendas. De ellas, un total de nueve están ya prácticamente acabadas, 13 más están en obras y otras 372 comenzarán el año que viene. El año que viene se licitarán otras 71 VPO. De estas 585 viviendas totales, 396 se construirán en Mallorca, con un total de 15 promociones. De ellas, 196 estarán en Palma y el resto, en municipios de la Part Forana. Habrá otras 103 en Menorca (siete promociones) otras tres promociones en Ibiza que suman un total de 86 viviendas. El presupuesto global para todas estas obras es de 40 millones de euros.
2 comentarios
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Pues lo recaudado que se destine a ayudas sociales..
Que paguen sanciones ejemplarizantes y si no es así,les expropien la vivienda y se la den,a quien realmente la necesita. Hay que ser sinvergüenza.