Ábalos asegura a Armengol que mantendrá como hasta ahora el descuento del 75 %

Armengol telefoneó ayer al ministro antes de presidir la reunión semanal del Consell de Govern pero fue después de la misma cuando pudo conversar con él y le trasladó su malestar. El día anterior, Ábalos generó una tormenta política sin precedentes que unió al Ejecutivo y la oposición, al difundirse una intervención suya en la que parecía cuestionar el descuento.

La consellera de Presidència y portavoz del Govern, Pilar Costa, fue la que informó ayer de la conversación de Armengol con Ábalos. Explicó que la presidenta Armengol le había llamado para decirle que el descuento de residentes es «un derecho colectivo» que compensa la insularidad, que había costado mucho conseguirlo y que lo que se esperaba del Gobierno es que hiciera cumplir a las compañías aéreas para que no incrementaran los costes del billete.

«El 75 % del descuento de residente está garantizado para todos los residentes de las islas sin distinción. No se cuestiona el descuento que está garantizado y recogido en la Ley de Régimen Especial de Baleares», dijo Costa, añadiendo que el ministro también lo tenía claro y que, además, le había informado de que «estudia con las instituciones europeas la posibilidad de fijar un tope máximo de tarifas».

Noticias relacionadas

Hacienda controla la renta de quienes se benefician del descuento de residente

Un tope, clarificó Costa, que en ningún caso supondría anular la bonificación del 75 % y que impediría que las aerolíneas incrementen sus tarifas sin límite alguno en determinadas rutas y épocas del año.

Despejar dudas

Paralelamente el conseller de Mobilitat i Habitage, Marc Pons, solicitó una entrevista urgente con Ábalos para aclarar todas las dudas, incluidas las alusiones a que la Agencia Tributaria había cruzado datos de quienes se acogen a los descuentos.

A Més le preocupa mucho este extremo. Entiende que, según la Ley General Tributaria, los datos con trascendencia tributaria de los contribuyentes tienen carácter reservado, por lo que «resulta una flagrante ilegalidad hacer uso de estos datos o la cesión a terceros para elaborar estudios» sobre quién usa el descuento.

Més presentó ayer en el Parlament una reprobación de las declaraciones del ministro en la que, además, insta a la Agencia Tributaria a investigar si el Gobierno ha hecho un uso no autorizado de datos fiscales de los residentes.