Lo sucedido con el Habana Hilton, ahora gestionado por Meliá desde 1996 bajo el nombre Tryp Habana Libre, no es más que la punta del iceberg de todas las actuaciones que llevó a cabo el régimen castrista tras la caída de Fulgencio Batista en 1959. | Archivo

La decisión del presidente norteamericano Donald Trump de reactivar la ley Helms-Burton al acortar los plazos de prórroga, de seis meses a 45 días, ha generado la alarma en el Gobierno cubano que preside Miguel Díaz-Canel, ya que abre la puerta a una avalancha de reclamaciones de propiedades expropiadas tras la caída del dictador Fulgencio Batista a cubanos que tuvieron que emigrar a Miami por la llegada de la revolución castrista, según informa la agencia ruso-cubana Sputnik.

La medida afecta de lleno a las cadenas de Baleares presentes en Cuba, en concreto en La Habana y Varadero, los dos enclaves con mayor numero de hoteles vacacionales, ya que muchos de los solares en los que se ubican fueron expropiados en el período 1959-70 por el Gobierno cubano presidido por Fidel Castro. La propiedad de estos solares es lo que reclaman sus propietarios

El presidente Miguel Díaz-Canel ha avisado de este cambio de estrategia del Departamento de Estado americano a las cadenas hoteleras españolas que gestionan hoteles en Cuba, entre ellas de Baleares, ya que van a recibir notificaciones de Washington de cubanos que van a solicitar cuantiosas reclamaciones. Al mismo tiempo, con el cambio de estrategia Estados Unidos pretende prohibir a quienes explotan dichos bienes todo tipo de beneficio que proceda de los mismos.

Listas negras

La Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio siempre se han posicionado a favor de los intereses de las empresas españolas y europeas. Sin embargo, de forma periódica, sale a colación las ‘listas negras' de Washington para tomar acciones punibles contra las empresas que siguen invirtiendo en Cuba. En estas listas siempre aparecen, entre otras, Meliá, Iberostar, Barceló y Blau Hoteles.

No es la primera vez que Estados Unidos presiona a las empresas extranjeras que invierten en Cuba. En 2005, el Departamento de Estado remitió cartas a las cadenas hoteleras de Baleares amenazándoles de tomar represalias por gestionar complejos turísticos.

El ministro de Turismo cubano, Manuel Marrero, apuntó entonces que su Gobierno ofreció en su día pagar a los propietarios americanos afectados por las expropiaciones y criticó abiertamente la estrategia de Washington por endurecer el bloqueo económico para «estrangular la economía cubana».

Al mismo tiempo, las cadenas hoteleras españolas a lo largo de los últimos veinte años han llegado a acuerdos con algunas cubanos residentes en Miami propietarios de solares para evitar problemas a largo plazo, aunque también es cierto que las pretensiones económicas de algunos de ellos ha impedido cerrar más operaciones.

Las hoteleras de Baleares guardan silencio y esperan que la evolución de los acontecimientos no vaya a más, aunque el presidente Trump va a endurecer más su bloque a Cuba de cara a las elecciones presidenciales en noviembre de 2020.