La norma, pionera en España y que se adelanta, como ya ocurrió con la de residuos (que liquida los plásticos) a la normativa estatal e, incluso, europea, no es del agrado del PP, que votó en contra de buena parte de su articulado.
El presidente de los ‘populares', Gabriel Company, dijo ayer que cambiaría la norma en sus «cien primeros días de gobierno» y la eurodiputada Rosa Estaràs intenta que la Comisión Europea la rechace. Ayer preguntó si «piensa tomar medidas» con una norma que, dijo, «pone en peligro el tejido productivo» de las Islas.
La ley que ayer recibió el visto bueno de la Cámara balear, con los votos de la izquierda, es la última de las que la actual mayoría presenta como pioneras.
Después de su aprobación, representantes de los grupos de la izquierda y de los grupos ecologistas posaron con cara de satisfacción. La delegada del Gobierno, Rosario Sánchez, estuvo presente durante todo el debate. Sánchez fue, hasta su nombramiento hace siete meses, la encargada de pactar las leyes entre los diferentes partidos.
Rechazo empresarial
La cascada de reacciones, a favor y en contra, no cesó desde su aprobación. A favor, además de los partidos que la han pactado, se pronunciaron el GOB y Greenpeace, que pidió que la norma sirviera «como ejemplo» al Gobierno central. También de los sindicatos. CCOO, por ejemplo, calcula que se crearán «más de 10.000 puestos de trabajo»
Las reacciones críticas llegaron del sector automovilístico. La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) advirtió que «más de 300.000 personas que se desplazan al año a Balears con su coche se verán afectadas». En su opinión, crea «una situación inédita en Europa ya que una ley prohibe por primera vez una tecnología». Faconauto, otra asociación del sector, la tildó de «despropósito». La CAEB hizo suyas las críticas de Anfac.
«Esta no es una ley del Govern ni de los partidos, es una ley de la ciudadanía, la gran protagonista del desafío que tenemos como sociedad», aseguró el conseller Marc Pons, de cuya conselleria depende la ley que agota, de hecho, la legislatura autonómica.
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