Madrid ha dejado de invertir 1.171 millones en Balears a los que le obligaba el Estatut

Pleno del Congreso de los Diputados. | Efe

Nekane DomblásPalma18/11/18 4:01
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Remodelar Son Dureta para convertirlo en un centro sociosanitario cuesta 120 millones de euros. El pago de la carrera profesional a los funcionarios suma 138 millones y mejorar todas las depuradoras de las Islas para evitar vertidos fecales al mar cuesta cerca de 100 millones. Son tres ejemplos de lo que se podría pagar con los 1.171 millones de euros que el Gobierno central ha dejado de invertir en las Islas en estos diez años pese a que estaba obligado a ello por el Estatut d'Autonomia.

Esa cantidad es el equivalente a diez años de ingresos de la ecotasa, supera el presupuesto de educación para el año que viene o dobla el dinero total que invertirá el Govern en 2019, además de que supondría estar diez años sin pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, por ejemplo.

Desbloqueo

La documentación que ha presentado el Govern tras la reunión de Armengol con Pedro Sánchez que permitió desbloquear el REB cuantifica en 1.171 millones el déficit de inversiones del Gobierno en las Islas. El Govern asegura ahora que el nuevo REB garantizará que Balears se sitúa en la media de las inversiones estatales.

Algunas de las disposiciones anunciadas por Cladera son exactamente las mismas que ya incluía Montoro en la propuesta que presentó al Govern. En la propuesta a la que ha tenido acceso este periódico, figura un fondo de insularidad sin cuantificar, pero hay una exhaustiva descripción de las medidas fiscales como la reserva de inversiones, el régimen especial para la agricultura, industria, ganadería y pesca con ventajas fiscales que pueden ir del 10 al 25 por ciento de la invertido, tal y como también recoge el documento que ahora prevé firmar la consellera Catalina Cladera con la ministra María Jesús Montero.

El documento que se negociaba con Montoro incluye una referencia a la posibilidad de que Balears disfrute de un tipo especial de IVA reducido. Señala que, en el marco de la normativa euros, «el Gobierno de España promoverá el establecimiento, con carácter general o en su caso para determinadas operaciones o productos, de tipos especiales y diferenciados del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicables en las Islas Balears siempre que la medida no afecte a la unidad de mercado».

El Govern no ha explicado si esta disposición, con vagas posibilidades de ser aplicada, aparece o no en el documento que ahora tienen que cerrar la consellera y la ministra.