El mal estado de una parte de los acuíferos de Balears (un 26 % del total de masas de agua subterránea) ha llevado a establecer limitaciones y restricciones en la apertura de nuevos pozos, así como en la línea de costa. | ARCHIVO

La revisión del Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB), que se aprueba hoy en el Consell de Govern, prohíbe nuevos pozos de agua dulce en la franja de 500 metros a partir de la línea de costa en Ibiza, Formentera y Menorca, y de 800 metros en Mallorca.

Ésta es una de las novedades de la revisión del plan, que ayer fue presentada por el conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal, y la directora general de Recursos Hídrics, Joana Maria Garau.

La mencionada prohibición podría tener alguna excepción si se comprueba que el sondeo pretendido afecta a una masa de agua no conectada con el mar.

Esta medida quiere evitar una mayor intrusión marina en los acuíferos costeros. Asimismo, si el objetivo es abrir un pozo para extraer agua salobre, la distancia a mantener respecto a la línea de costa será de 100 metros y sólo podrá ser de 200 metros si se justifica hidrogeológicamente.

Siguiendo con los pozos, la medida, hasta ahora cautelar, de prohibir nuevos sondeos en los acuíferos considerados en mal estado pasa a ser definitiva. Esta media afecta a 30 acuíferos de un total de 87 en Balears. En Mallorca, la medida afecta a 16 acuíferos de un total de 64. Estas masas de agua subterránea con la calificación de «mal estado» (más salidas que entradas de agua) se concentran en Mallorca en toda la costa desde Campos hasta Capdepera, Pollença, Alcúdia, sa Pobla, Santa Margalida, la parte más oriental del Pla y zonas de Palma, Calvià y Andratx.

Esta prohibición podría salvarse, excepcionalmente, en el caso de concesiones de hasta 10.000 metros cúbicos anuales para explotaciones agrarias consideradas preferentes, y siempre que el acuífero muestre una tendencia a la recuperación y a la mejora de su situación.

Igualmente, para abrir un pozo de uso doméstico en suelo rústico será obligatorio disponer de cédula de habitabilidad, requisito que se suprimió en 2013.

En cuanto a los municipios, se fija el objetivo de que sus redes de suministro de agua potable tengan en 2021 un máximo de un 25 % de pérdidas y del 17 % en 2027, rebajando los objetivos anteriores, que eran del 30 % en 2021 y del 20 % en 2027. La media balear actual es del 26 %.

Finalmente, el PHIB establece que los grandes consumidores de agua (abastecedores, grandes regantes, campos de golf) deberán someter sus pozos a una inspección técnica.