Los primeros exaltos cargos del Govern imputados por los contratos al que fuera jefe de campaña de Més, Jaume Garau, niegan cualquier irregularidad ante el juez. Tanto la ex consellera de Cultura, Ruth Mateu, como el ex director general Jaume Gomila y el ex director del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) Josep Ramon Cerdà, niegan que invitaran a las empresas de Garau para favorecerle. De hecho, ante el juez llegaron a asegurar que apenas le conocían y que no sabían que detrás de esas compañías estaba el ‘cerebro’ de la campaña electoral del partido. Pese a eso, defendieron la solvencia que, en principio, tenían las sociedades y la utilidad de los trabajos.
Gomila, de hecho, llegó a encararse en el interrogatorio: «no me voy a ir al registro mercantil» a comprobar si eran de Garau o no. Sobre la decisión de invitar a esas empresas y no a otras a los concursos menores, señalaron que buscaron a quién llamar a través de la web y que pretendían encontrar empresas solventes. Esta es la vía por la que sostienen que seleccionaron las empresas, si bien no concretaron de quien fue exactamente la decisión.
La Conselleria de Cultura hizo tres contratos sospechosos para las acusaciones por valor de 45.955 euros: dos menores y un gasto menor. El primero fue para elaborar 1.600 encuestas sobre los hábitos de consumo cultural en las Islas y lo realizó la empresa Pysma Ibérica. Mateu destacó ayer a la puerta del juzgado que esta mercantil no tiene nada que ver con Garau, que concurrió a ese concurso y presentó una oferta más cara. El segundo, que sí hizo una empresa del exjefe de campaña, consistía en interpretar esos datos. La Fiscalía destaca que éste, la interpretación, se comenzó a tramitar tres días antes que el primero.
Los tres investigados defendieron ayer que se trata de contratos independientes, que no tienen nada que ver entre sí y que, por lo tanto, no existió fragmentación. La justificación es que las encuestas podían ser utilizadas para otros informes diferentes y, enmarcaron las contrataciones en el Plan de Cultura que aún se está elaborando.
Mateu limitó su papel a impulsar ese plan y utilizó un argumento ya dado antes en procesos similares: «Yo como consellera no entraba en los detalles de cómo se contrataban cuestiones inferiores a 500.000 euros». En todo caso, defendió que había dado instrucciones para garantizar la máxima transparencia de este tipo de contrataciones.
Cerdà y ella coincidieron en sus declaraciones tras salir del juzgado al afirmar que en torno a este asunto «se ha hecho una bola» y su dimisión «la ha hecho todavía más grande». El exdirector del IEB manifestó que las empresas a invitar le llegaron a través de la dirección general y, en algún momento de su declaración descargó responsabilidades en Gomila. Ambos fueron quienes firmaron los informes justificativos que dieron lugar a que se llevaran a cabo las adjudicaciones. La ronda de declaraciones de los investigados continúa hoy con las comparecencias del exdirector gerente de la Agencia de Turismo de Balears, Pere Muñoz, y del propio Jaume Garau.
EL APUNTE
Més dice que ya hubo dimisiones y Podemos está «satisfecho»
Desde Més se recordó ayer que «se asumieron responsabilidades políticas» ya en su momento sobre los contratos. El diputado de Podemos, Alberto Jarabo, mostrado su «satisfacción» ante el hecho de que los «cargos públicos de la comunidad puedan intentar demostrar su inocencia ante los tribunales» y ha asegurado que desde la formación «fueron muy críticos y pidieron las dimisiones».
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