La policía señala que no hubo avisos de ilegalidad en los contratos de Més

Por un lado, al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía se le pedía que aclarara si algún funcionario, de las consellerias de Cultura o de Turisme, hizo una advertencia de que se cometía una posible ilegalidad en la supuesta fragmentación de contratos a las empresas de Jaume Garau. La respuesta es negativa. Las adjudicaciones se tramitaron por el procedimiento negociado sin publicidad en razón de su importe pero sin informes contrarios. A Hacienda se le pedía que cruzara los datos entre las distintas empresas que habían obtenido esos contratos para comprobar posibles vínculos con Garau. El resultado es también negativo. Hacienda no ha detectado que otras empresas invitadas o adjudicatarias compartieran accionistas con Regio Plus y CpC.

Tanto en las adjudicaciones de la Conselleria de Cultura como en las de la Agencia de Turismo de Balears, por un lado se encargaron los trabajos de campo para realizar sendas encuestas y, por el otro, el análisis de los datos. Las entrevistas las hicieron dos empresas que no pertenecen a Garau: Pysma y MTR y los datos fueron procesados por el exjefe de campaña de Més a través de dos sociedades. La querella sospecha que las primeras empresas fueron invitadas por indicación del empresario afín a Més y quería aclarar cuáles eran los vínculos. Anticorrupción pidió a la Agencia Tributaria que informara sobre los socios, accionistas, administradores y apoderados de un total de nueve sociedades que intervinieron en alguna fase de los concursos.

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La elaboración de estos dos informes es lo que ha mantenido la causa paralizada desde que se admitió la querella a trámite el pasado mes de octubre hasta que esta semana el juez ha fijado la comparecencia de los querellados por el ministerio público encabezados por la exconsellera de Cultura, Ruth Mateu y que tendrán que declarar el próximo mes de abril.

EL APUNTE

Dos delitos pendientes de las declaraciones

La Fiscalía presentó querella por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La investigación previa realizada por el ministerio público ya acreditó que los trabajos se habían realizado y descartó otros ilícitos más graves como la malversación o el fraude a la administración. Ahora, las declaraciones de los investigados determinarán el futuro del caso.