Imagen de archivo de Armengol y Barceló en el Parlament.

El Govern seguirá adelante con la tramitación del proyecto de ley que regula el alquiler turístico pese al requerimiento del Ministerio de Economía. Pilar Costa, portavoz del Ejecutivo, definió la reclamación del Gobierno central como «una injerencia política».

La portavoz del Ejecutivo avanzó ayer las líneas maestras del texto que la próxima semana remitirá a Economia para rebatir su interpretación.

El Govern, según dijo la consellera Pilar Costa, recordará en su escrito que el techo de plazas turísticas ya se recoge en una normativa anterior, y que el proyecto de ley mantiene que la supeditación de nuevas plazas de alquiler turístico al intercambio con las que se den de baja.

Balears defiende también que los consells son las administraciones competentes en materia territorial y turística, y que tienen capacidad, por ejemplo, para llevar a cabo la zonificación de las viviendas para alquiler turístico, que cuestiona el Gobierno.

El Ejecutivo balear indica que no se puede hablar de penalizaciones a la comercialización turística (que era uno de los argumentos de la advertencia del Gobierno central) ya que sólo incide en un aspecto muy concreto.

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La Delegación de Gobierno en Balears no había puesto objeciones antes, reveló Costa. La próxima semana se empezarán a discutir en el Parlament las enmiendas al proyecto que han presentado los grupos. No se podrá aprobar este verano por muy rápida que sea la tramitación.

En su reunión de ayer, el Govern, inició el proceso de liquidación del Consorcio de la Platja de Palma después de que el Gobierno central decidiera marcharse y reclamar dinero de los convenios.

L A N O T A

El Ejecutivo minimiza que Intervención utilizara la expresión «fraude de ley»

El Govern, a través de su portavoz Pilar Costa y de explicaciones de diferentes fuentes ante preguntas concretas minimizó ayer el hecho de que durante la tramitación de los expedientes sobre los contratos realizados desde el área de Cultura al empresas del exjefe de campaña de Més se utilizará la expresión «fraude de ley» para definir un fraccionamiento de contrato.