Este artículo, el 28, establece que «los planes, los programas y los proyectos que puedan afectar a espacios Red Natura 2000» se someterán al análisis de los organismos autonómicos competentes para determinar si tienen impacto sobre espacios protegidos.
Según ha indicado la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en un comunicado, los proyectos del Estado se someten a su propia evaluación ambiental, pero corresponde al Govern, según la ley autonómica, determinar si afectan a la Red Natura 2000.
La renuncia del Gobierno a impugnar este precepto «es una buena noticia», señala el Govern, que hace hincapié en que el ejecutivo central ha modificado el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado viernes, donde sí anunciaba que sometería el artículo 28 a la evaluación del Tribunal Constitucional.
El conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, denunció este lunes que el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra cuatro artículos de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental es un intento de «recentralizar» algunas competencias en este ámbito
Tras un proceso de diálogo entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y el Govern, se resolvieron las discrepancias sobre otros preceptos de la ley autonómica, pero no se alcanzaron acuerdos sobre cuatro artículos que el ejecutivo regional se niega a modificar en defensa de sus competencias.
Sin embargo, finalmente el ejecutivo de Madrid solo ha impugnado tres de los artículos discutidos: el 9.4, el 26.2 y el 33.
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