Baleares, a la cabeza de las CCAA con más procedimientos judiciales por delitos de corrupción

En España hay un total de 87 personas en prisión por delitos de corrupción, bien sea en situación preventiva o ya condenados. Según los últimos datos proporcionados por Instituciones Penitenciarias a fecha del 1 de enero de este año, todos ellos están siendo investigados o ya han sido objeto de condena por malversación, cohecho, fraude o prevaricación administrativa.

La mitad de la población reclusa a fecha de enero de 2017, en concreto 44 personas, ha sido encarcelada por delito de malversación de caudales públicos mientras 25 de ellos por cohecho. Sobre el resto pesan el de abuso sexual del funcionario en ejercicio de sus funciones, aprovechamiento de secreto o información privilegiada por particular, fraude, prevaricación y delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.

Se trata de delitos todos ellos incluidos en la tabla de equivalencia de European Criminal Records Information System (ECRIS) atribuidos a 81 personas en el ámbito de la Administración General del Estado y a 6 en Cataluña, que tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria. 659 PERSONAS ENCAUSADAS POR CORRUPCIÓN

Estos datos son una parte de los que tiene en cuenta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para realizar su repositorio de datos según el cual en 2016 un total de 659 personas estaban encausadas por delitos como cohecho, prevaricación y malversación. El 76 por ciento de sentencias dictadas en este ámbito fueron condenatorias.

De los 112 procedimientos cuya instrucción o fase de investigación finalizó el año pasado, 21 corresponden al último trimestre de 2016. Por comunidades, Baleares es la que presenta un mayor número de procedimientos por estos delitos alcanzando los 18. Le siguen Comunidad Valenciana con 15, y Andalucía y Castilla-La Mancha, con 12 cada una.

En cuanto a las personas acusadas -que ascienden a un total de 659-, los jueces dictaron auto de procedimiento o apertura de juicio oral contra 203 en los órganos centrales del Tribunal Supremo y Audiencia Nacional.

Por comunidades autónomas, de nuevo Baleares sigue a la cabeza con 97 personas; le siguen Canarias, Andalucía y Asturias con 61, 61 y 59, respectivamente. Destacan las comunidades de Cantabria y Navarra que no cuentan con ninguna persona encausada por este tipo de delito.