Ya se ha cumplido un año de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Una guerra en suelo europeo impensable en pleno siglo XXI. Europa está sufriendo en primera persona las consecuencias de este conflicto, y esto por dos razones: 1) por su gran dependencia energética de Rusia y 2) por la espiral inflacionista que se arrastra desde mediados del 2021 por causa del coronavirus.

España, menos dependiente del gas ruso, hasta el momento no se ha visto tan afectada por este conflicto (la inflación es otro cantar) lo que ha hecho posible cerrar el ejercicio 2022 con unos resultados más que aceptables en términos de crecimiento económico y empleo. El crecimiento del Producto Interior Bruto para el conjunto del año ha sido del 5,5% al igual que en el 2021. Así, pues, en dos años el crecimiento ha sido del 11% recuperándose en la práctica la contracción que se produjo el 2020 del 11,3 % por causa de la pandemia. Hay que recordar que la COVID-19 nos afectó más profundamente que otros países de la UE por nuestra gran dependencia del turismo.

No obstante, insisto, el año pasado en términos de crecimiento económico el resultado fue muy positivo y así hay que reconocerlo en favor del Gobierno de Pedro Sánchez. Para el presente ejercicio la cosa no pinta igual. El crecimiento será más moderado, en el entorno del 1,5%. En el 2024 las previsiones apuntan a un posible repunte hasta el 2%; por lo tanto, es muy improbable que caigamos en recesión en el 2023 salvo, claro está, que las cosas se tuerzan por un agravamiento de la guerra de Ucrania que puede prolongarse en el tiempo.

Por lo que hace referencia al empleo, el 2022 ha tenido asimismo un balance aceptable. A nivel nacional se han superado los 20,4 millones de trabajadores ocupados, lo que representa un incremento del 2% frente al 2021. No obstante, seguimos con una tasa de paro del 12,8%, el doble de la media europea. Asimismo, la tasa de paro juvenil sigue desbocada, próxima al 30%. Sin duda éste es el principal problema que afecta a nuestra juventud en edad de trabajar. Este desequilibrio estructural nos debilita como país y oscurece otros logros que se puedan conseguir en el ámbito del mercado laboral como, por ejemplo, ha sido el efecto favorable de la reforma laboral que se puso en marcha a principios del pasado año.

En Baleares, en el 2022, prácticamente rozamos la plena ocupación con una tasa de parados del 6%. Este porcentaje, cinco puntos inferior al del 2021, es una demostración palmaria de que nuestra comunidad autónoma ha recuperado nuevamente su tradicional estructura productiva que se identifica milimétricamente con la España solar a la que se refiere Enric Juliana: suelo y sol (construcción y turismo). La amenaza de este año, no obstante, seguirá siendo la inflación que seguramente continuará muy alejada del objetivo perseguido por el BCE del 2%. Los precios continuarán al alza y la inflación subyacente, que castiga especialmente a las familias más vulnerables, seguirá encareciendo el precio de la cesta de la compra. En este escenario inflacionario, que no sólo afecta a España, el BCE mantendrá su actual política de tipos de interés elevados, en torno del 3,5%-4%, con el objetivo de contraer la demanda interna y la inversión, lo que seguramente tendrá un efecto negativo sobre el empleo, especialmente en nuestro país.

La lucha contra la inflación, asimismo, tiene efectos colaterales indeseados y unas consecuencias negativas para los asalariados que con carácter general ven reducido su poder adquisitivo. En estas circunstancias, es lógico que los sindicatos reivindiquen el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, pero, al mismo tiempo, no se puede perder de vista que aumentar los costes laborales por encima de la productividad de las empresas es un mal mayor porque alimenta la espiral inflacionista. La solución a esta problemática es un pacto de rentas, pero, desgraciadamente, no parece que los agentes sociales estén por la labor.

Este año electoral salvaremos la recesión, pero ojo con la inflación que nos puede amargar la fiesta.
Leía el otro día en La Vanguardia un comentario que me pareció muy pertinente. Decía así: «La tarea de luchar contra la inflación no puede dejarse únicamente en manos del Banco Central Europeo (BCE) y de su política monetaria restrictiva, con subidas de tipos de interés constantes».
Pues bien, al hilo de lo anterior pienso efectivamente que nuestro Gobierno debe implicarse a fondo estudiando medidas que puedan aliviar esta presión inflacionista a las capas más vulnerables de la sociedad.

Una reflexión final. Teniendo en cuenta el momento actual que vive nuestro país sería muy deseable que el Ejecutivo acelerara de verdad el reparto de los fondos Next Generation EU a las pequeñas y medianas empresas para que éstas puedan afrontar con urgencia su necesaria modernización y digitalización. Las empresas, no lo olvidemos, tienen la llave del futuro porque sin empresas que funcionen, obtengan beneficios y generen empleo no saldremos bien parados de esta crisis y, sobre todo, no conseguiremos reducir la brecha de la desigualdad social que se ha generado en estos años.l