El juicio se celebró ayer en el juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza. La jueza Clara Ramírez de Arellano absolvió a un cuarto hombre detenido en el marco de una operación de la Policía Nacional que estaba investigando una trama de tráfico de drogas que requirió de una autorización judicial para intervenir las conversaciones telefónicas entre parte de los detenidos.
Según el escrito de acusación, los acusados acordaron en julio de 2013 asentarse en Sant Antoni para vender marihuana y hachís.
Investigación
La Policía Nacional venía realizando un seguimiento con intervenciones telefónicas y el operativo desembocó en la detención, registro e intervención de las sustancias estupefacientes que guardaban los ahora condenados en el interior de una vivienda desde donde operaban, preparando las dosis de droga para su posterior venta.
Los agentes inspeccionaron una vivienda del número 35 de la avenida Doctor Fleming y el trastero que le correspondía. En el transcurso del registro, los agentes se incautaron de 27 placas y dos mitades de resina de cannabis con un peso de 2,7 kilogramos; 13 bolsas preparadas con algo más de tres gramos de cannabis cada una; otra bolsa con 54 gramos de cannabis y otras cuatro con 162 gramos de cannabis de una riqueza del 10 por ciento. Asimismo, los agentes de la Policía Nacional intervinieron una balanza de precisión, una bolsa de plástico recortada, dos rollos de papel film y cuatro bolsas con autocierre.
El Ministerio Fiscal solicitaba 3 años de cárcel y multas de 76.870 euros para cada uno de los acusados. Uno de los acusados quedó absuelto y los tres restantes: S. M. N., D. M.N., y J.M.C., aceptaron un acuerdo de conformidad con penas de 2 años de prisión y 50.000 euros de multa para cada uno.
LA NOTA
Cazados por un operativo policial
La desarticulación de este grupo que se asentó en Sant Antoni para dedicarse a la venta de droga durante la temporada de verano tuvo su origen en una investigación por otra trama de drogas. Según informaron fuentes judiciales, parte de los implicados estaban siendo investigados por otra causa pero de las escuchas telefónicas realizadas con mandato judicial se derivaron otras vías de investigación. Las fuentes consultadas indicaron que el contenido de las conversaciones intervenidas versaban sobre el envío de diversas partidas de sustancias estupefacientes. Tres de los cuatro acusados reconocieron ayer los hechos y aceptaron el acuerdo de conformidad que previamente habían cerrado las defensas y el Ministerio Fiscal con penas de dos años de cárcel.
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