La falta de medios en la Administración de Justicia y la última modificación del Código Penal en materia de drogas ha vuelto a beneficiar a una banda de traficantes que operaba en Eivissa. A ésta, que introducía los estupefacientes ocultándolos en vehículos, se le intervino casi seis kilos de cocaína y otros cinco de sustancias para corte. Casi todos ellos saldrán pronto de prisión después de que la mayoría haya estado en la cárcel desde hace tres años. La dilación indebida de su proceso fue una de la causas que motivó ayer en la Audiencia Provincial rebajas de hasta ocho años de prisión.
El caso se refiere a un grupo colombiano que desde las localidades madrileñas de Fuenlabrada y Humanes suministraba cocaína a Eivissa. La operación policial, concretada en septiembre de 2008 tras realizarse también registros domiciliarios en es Viver y Santa Eulària, motivó finalmente que once sospechosos tuvieran que sentarse ayer en el banquillo.
Organización
Uno de ellos, una mujer, quedó absuelta al retirase los cargos contra ella y los otros diez aceptaron la condena que se pactó ante el tribunal después de que el fiscal y las defensas negociaran las circunstancias de un caso que fue calificado antes de que entrara en vigor, en 2010, la nueva legislación, la cuál sólo mantiene las grandes penas de prisión por narcotráfico a las personas a las que se les demuestre con claridad su vinculación a una organización criminal.
Así, con una dilación indebida del proceso muy justificada y una ley que castiga menos estos delitos, vinieron las rebajas (ahora de 9 a 6 años para el tipo de delito juzgado ayer). De 112 años de prisión que, en su conjunto, se pedía a los once acusados en el caso se pasó a una sentencia pactada en las que no se llegó a los 30 años. Siete de los sospechosos han estado hasta ahora presos y los otros cuatro, incluida la mujer que ha resultado absuelta, estaban en libertad después de hacer frente a una fianza. Además, junto con las penas menores de cárcel, seis de ellos deberían hacer frente a multas de 250.000 euros, cantidades que se supone no pagarán y que aumentarán unos días su situación de privación de libertad.
El principal acusado, el supuesto cabecilla y distribuidor de la droga, Brayhan Rojas Rojas, se enfrentaba a 13 años y medio de cárcel. Tras el acuerdo, no cumplirá más de cinco.
El resto de las nueve personas sobre las que se mantuvieron los cargos se jugaban penas de 11 a 9. Todo salió redondo para ellos cuando oyeron que el que más, aparte de Rojas, sería condenado a tres años y medio y el que menos a 18 meses. Éstos últimos, en caso de no tener antecedentes, no llegarán, por este motivo, a pisar un establecimiento penitenciario del país.
Una recaudación de 32.000 euros escondida en una cuna
El tribunal también anunció a todos los sospechosos que la sentencia incluía el decomiso de dos vehículos, un Golf y un Seat Altea, y de 32.000 euros que fueron requisados durante la operación del Cuerpo Nacional de Policía que acabó con sus actividades. Los 32.000 euros fueron hallados ocultos en la cuna de un bebé en un domicilio de la calle Port de la Savina, en es Viver, conjunto a otro que se realizó en Santa Eulària. La actuación policial tuvo lugar precisamente tras la llegada de un nuevo envío de cocaína la Isla y cuando los propios traficantes, que notaron algo extraño, creyeron que otro grupo rival les iba a quitar la droga, razón por la que fueron apresados cuando intentaban sacar la droga recién entrada con uno de estos coches.
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La justicia española beneficia a los delincuentes, y esto está convirtiendo nuestro pais en el refugio perfecto para los narcos.