El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estima que el ejercicio del derecho de huelga de los jueces carece de «soporte normativo», por lo que no tiene por anunciado el paro convocado para mañana por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ni fijará los servicios mínimos.
Así lo ha acordado hoy la comisión permanente del CGPJ, ante los escritos de aviso de convocatoria de huelga presentados ante el órgano de gobierno de los jueces por la APM, la Junta de Jueces de Eivissa y la Asamblea de Magistrados de la provincia de A Coruña, según ha informado en un comunicado el Consejo. Además de la asociación mayoritaria en la carrera, de corte conservador, a favor de secundar la huelga ya se han pronunciado las asambleas celebradas en los juzgados de Córdoba, Ciudad Real, Toledo, las provincias gallegas y valencianas, Cádiz y Huelva.
El CGPJ por este mismo motivo tampoco fijó los servicios mínimos de la huelga de jueces llevada a cabo el pasado 18 de febrero, esta vez convocada por las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente.
El acuerdo adoptado establece también que al no contener ninguno de los escritos presentados referencia al marco regulador del indicado derecho de huelga, limitándose a la simple mención de determinados preceptos del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, tampoco tiene por tales los servicios mínimos que pudieran señalar los convocantes.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se mostró confiado en el diálogo para continuar con la modernización de la administración judicial, y por ello, espera que la APM se sume a esta voluntad a pesar de ser una de las asociaciones convocantes del paro del próximo jueves. Caamaño, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado, se refirió expresamente al anuncio de paro de la Junta de Jueces de Eivissa, de la Asamblea de Magistrados de A Coruña y de la propia APM. Un paro del que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dicho que no tiene por anunciado y que es «alegal», en palabras del ministro de Justicia.
A ese comunicado del órgano de gobierno de los jueces se refirió también Caamaño para afirmar que no se trata de una huelga de jueces, sino de «una convocatoria hecha por una sola asociación», toda vez que «el resto de jueces, secretarios judiciales y profesionales siguen trabajando para sacar adelante el proyecto de mejora de la administración».
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