El Ministerio Público solicitó ayer en la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa una pena de tres años de prisión para el empresario J.A.C.S., acusado por un delito contra los derechos de los trabajadores. La fiscal también reclama una multa de 9.900 euros.

Por su parte, la acusación particular solicita una indemnización de 28.200 euros para el operario accidentado que, supuestamente, trabajaba para esta empresa sin tener contrato y sin estar dado de alta en la Seguridad Social.

En su defensa, el acusado argumentó que J.A.C.S. no trabajaba para él sino para su padre, que no está acusado.

Ante la titular de Penal 2, la juez Martina Rodríguez, el trabajador explicó que trabajó para la empresa Distribuciones Chico y también Aves Chico en dos periodos a lo largo de 2002 y 2003, que su horario era de diez de la noche a diez de la mañana, seis días a la semana, que como no tenía contrato no había derecho a vacaciones y que, por lo que él sabía, tampoco las cobraba, que también trabajaba los festivos si le tocaba y que cobraba 215.000 pesetas al mes.

La estrategia de la defensa se centra en que el operario trabajaba únicamente para Aves Chico y no para Distribuciones Chico, con el objeto de soslayar una presunta relación laboral con el acusado.

Tres trabajadores de la empresa declararon en este sentido y aseguraron ante la juez que sólo trabajaba para Aves Chico.

Por su lado, la acusación intentó demostrar que los operarios trabajan indistintamente para las dos empresas, ubicadas en el mismo lugar y con una oficina única.

Inspección

También declaró como testigo una inspectora de Trabajo que señaló que denunció a la empresa por tener al trabajador sin asegurar. Un juzgado de lo Social ya se pronunció con una condena de 7.000 euros por este asunto.

El padre del acusado explicó que el hermano del operario accidentado también trabaja para esta empresa y que fue por la insistencia de éste por lo que decidió llamarlo a Argentina para trabajar en Eivissa.

Finalmente, el juicio se suspendió porque faltó un testigo citado por el Ministerio Público y se reanudará el 27 de octubre.

El trabajador sufrió en 2002 un accidente con un toro de mover palés que le ha dejado una incapacidad laboral parcial. Ha perdido la fuerza en un brazo y apenas puede levantar de 10 a 15 kilos. El operario precisó seis puntos de sutura y permaneció un año de baja laboral.