Fiscalía de Balears aumentará el control a la hora de conceder el atenuante de toxifrenia

«Salazar nos dijo que se habían detectado muchos casos en los que [los condenados que habían evitado el ingreso en prisión] abandonaban [el programa de desintoxicación], además de otros en los que se sospechaba que en realidad no eran toxicómanos [sino tan sólo consumidores], por lo que hemos acordado que de ahora en adelante no apreciaríamos el atenuante sólo con base en los análisis de orina y certificados médicos, sino que harán falta análisis del cabello», explicó Torres.

Más información

A diferencia de los análisis de orina, que se realizan tras la detención del sospechoso, los de cabello, que se harán cuando se apele a la atenuante de toxifrenia, aportan más información, sobre todo en lo referente a los años que llevaría el detenido siendo adicto. «Se trata de diferenciar entre consumidor y adicto», resumió Torres. «Queremos evitar que se beneficien de el atenuante personas que no son adictas», añadió, ya que esta circunstancia podría hacer que «desapareciera el efecto penal disuasorio». La decisión de aumentar los controles a la hora de conceder este codiciado atenuante también deriva del hecho de que, en el caso concreto de la isla de Eivissa, algunos extranjeros que son detenidos por presunto tráfico de drogas y que logran evitar su ingreso en prisión gracias a la toxifrenia, después, ya en su país, no cumplen con el compromiso ineludible de someterse a un tratamiento de desintoxicación. Y también debido a la gran cantidad de casos de condenados que abandonan el tratamiento una vez conseguido el objetivo de no ingresar en el centro penitenciario.

«Tal vez algunos extranjeros llegan a Eivissa con una idea equivocada», indicó el fiscal jefe. Como ejemplo sirve el caso reciente de una joven detenida con decenas de pastillas de éxtasis en la puerta de una discoteca y que alegó que ella pensaba que en Eivissa no era ilegal.

El objetivo de la concesión de la atenuante de toxifrenia, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, es evitar que personas que hayan podido cometer un acto aislado -y hayan sido sorprendidas vendiendo droga- paguen con una pena muy estricta, ya que lo mínimo, en el caso de traficar con drogas duras como cocaína, heroína o éxtasis, son tres años de prisión, pero abusar en la concesión de el atenuante, según los fiscales, podría echar a perder el «efecto penal disuasorio».

Es decir, que habrá más ingresos en prisión por tráfico de drogas. «Siempre queda el indulto parcial», recordó Torres, que concede el Consejo de Ministros en casos extremos -como el reciente de una joven irlandesa que está en prisión por vender 0,7 gramos de cocaína y ha sido condenada a tres años-, y que pretende conceder una segunda oportunidad.

El último en conseguir el indulto en Eivissa ha sido un joven napolitano condenado por robos con violencia, en concreto relojes de lujo.