La representación legal de una mujer que denunció a su casero por intentar cobrarle 2.000 euros tras confeccionar un documento de deuda y presuntamente falsificar la firma de la afectada con esta finalidad pide dos años de prisión para éste y un año de cárcel en el caso de que se entienda que no se está ante un documento público sino ante uno privado. El fiscal, tras un informe de policía que figura en la causa, también ha apoyado dicha acusación pero pide un año por este delito si entiende que el contrato tiene la entidad de público y de nueve meses si se resuelve que, por el contrario, es privado.
La rúbrica, que la denunciante niega haber efectuado, se estampó en 2002 cuando la inquilina abandonaba el piso, ubicado en Vila, acuciada por su precariedad económica y tras llegar a un acuerdo con el arrendador para ocuparlo durante algunos meses de veranos (cuando el alquiler subía a 1600 euros mensuales y no a los 600 que se pagaban). La afectada explicó que dicho pacto de demora se cumplimentó porque ella no recibía el piso que había comprado en Can Cantó. Según su relato, momento en el que el casero la tranquilizó diciéndole que al resto de la deuda haría frente la promotora de su nueva casa al ser la responsable del retraso. «La promotora me dijo que no iba a dar nada porque el retraso se debió a la paralización de a obra después de que muriera un obrero en un accidente sin que ellos tuvieran nada que ver», dijo la denunciante.
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