Más de una veintena de personas, algunos de ellos padres de alumnos, protestaron ayer por la mañana porque no se ha apartado de la enseñanza a un profesor de Educación Física de un centro educativo de la isla que está siendo investigado por presuntos abusos sexuales a una menor discapacitada. Unidades de Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía montaron en la puerta del colegio, a la entrada de los escolares, un dispositivo de prevención después de que recibieran una llamada alertando de la presencia de un «presunto pederasta».
Los padres de la pequeña, amigos de éstos y otras personas que dijeron tener hijos en esta escuela, tras unos momentos de tensión en los aledaños del centro en el que se multiplicaron los gritos, se dirigieron al juzgado a intentar apelar contra el auto del juez en el que, tras la detención del acusado, se dictó su puesta en libertad provisional así como otras medidas que no impedían a éste continuar con la docencia, a excepción de la niña cuyo relato motivó la denuncia de sus padres en Comisaría el pasado 7 de abril. Los padres, de nacionalidad dominicana, apoyados por amigos, anunciaron ayer que «con toda la legalidad posible» van a iniciar una campaña de recogida de firmas y manifestarse en distintos lugares para que si no se revoca esta orden, al menos, se impida que ejerza su labor con otros alumnos mientras continúa la investigación judicial.
El director general de Personal Docente del Govern, Miquel Coll, hizo ayer mismo un llamamiento a la calma y resaltó que el propio colegio estaba tomando las «medidas oportunas» para respetar tanto los derechos de la niña como los del profesor, recordando que sobre éste último pesaba el principio de presunción de inocencia. Coll explicó que entre las medidas urgentes que se habían adoptado figuraba la incorporación hoy de un profesor de refuerzo y la apertura en su día de un expediente informativo reservado paralelo a las diligencias que tramita el juzgado. Aseguró que el docente, pese a haber ido al colegio, no había dado aún ninguna clase.
«Un profesor se incorpora para que el centro pueda adoptar las medidas oportunas y dar tranquilidad a la comunidad cumpliéndose estrictamente lo ordenado por el juez respetando los derechos de todas las partes afectadas», dijo Coll. «Ahora es necesario tranquilidad, colaboración con la justicia y respeto», añadió quien hizo hincapié en que el docente bajo sospecha no había tenido ningún problema especial en ninguno de los centros donde ha estado.
El auto del juez, dictado por el magistrado Pablo Mendoza, dispone que el profesor no puede comunicar o acercarse a la menor en un radio de 150 metros. «Esta distancia no es necesaria que se respete mientras ambos e encuentren en el centro, sin perjuicio de que se conmina al acusado para que evite, también en este ámbito en la medida de lo posible, cualquier contacto físico o verbal con la misma, quedando prohibido en forma expresa darle clase».
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