Un aparejador de Eivissa que hizo funciones de perito en un proceso civil que se entabló hace nueve años tras presentarse una demanda desahucio contra una guardería de Vila tuvo que sentarse ayer en el banquillo después de que los responsables de esta escoleta emprendieran, a su vez, acciones legales al entender que dicha persona había cometido falso testimonio. La acusación particular, en un caso visto ayer en el juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa, pidió una condena de dos años de prisión y otros seis de inhabilitación para el arquitecto técnico que tuvo que comparecer ante la magistrada Clara Ramírez de Arellano.
El pleito para lograr el desalojo se planteó después de que los demandantes consideraran que se habían hecho unas obras irregulares en la guardería. Los demandados ganaron en primera instancia, pero los demandantes recurrieron y llevaron la causa hasta el Tribunal Supremo, lugar donde, tras el informe del acusado, se resolvió la conveniencia del lanzamiento siempre y cuando no se demostrara que había causa penal por este peritaje.
El acusado fue demandado después de que, de acuerdo a unos planos inexactos, según su defensa, se informara del derribo de una pared maestra y de la consecución de unas reformas recientes, extremos éstos que según los responsables de la escoleta son completamente ajenos a la realidad. Así, según su versión, nunca se tiró ningún tabique y cualquier obra significativa que se llevó a cabo fue hace más de veinte años y no recientemente, como, según esta parte, informó el perito.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
De momento no hay comentarios.