Pese al anuncio del martes del ministro de Justicia para crear este año el tan reclamado juzgado de violencia machista en Eivissa, siete de los nueve jueces titulares de la isla secundaron la huelga de ayer, una jornada histórica por ser la primera en la que en el conjunto del archipiélago 39 magistrados realizaron la protesta sobre un total de 101. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró en un 38'61% ciento el seguimiento de la huelga en Balears y en el conjunto del país en un 35'47% (1.621 jueces).
La huelga de ayer en los juzgados de Eivissa, en la que los propios convocantes marcaron los servicios mínimos, apenas tuvo consecuencias para los usuarios, ya que los jueces se habían encargado de avisar a quienes tenían que realizar declaraciones u otro tipo de trámites. Pese a esto, se han suspendido al menos seis vistas y una declaración, según fuentes judiciales. El juzgado de guardia funcionó con normalidad y, que se sepa, ningún usuario presentó quejas.
«Magnificar el daño»
El juez Santiago Pinsachs, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa, actuó como representante de los huelguistas y, ayer, una vez que se comprobó que la huelga era más simbólica que real, es decir, que apenas afectó a los usuarios, dijo que esto demuestra que «el ministro magnificaba el daño» cuando cargó contra los jueces que anunciaron la protesta. «Ya se avisó para evitar problemas [a quien estuviera citado en el día de ayer] y además se decretaron unos servicios mínimos amplios», señaló Pinsachs. A diferencia de otros partidos judiciales, como el de Palma, los siete jueces de Eivissa que decidieron realizar la huelga no escenificaron la protesta en la puerta de los juzgados.
Por su parte, el juez decano de Eivissa, Juan Carlos Torres, titular del juzgado de Instrucción número 1, decidió no secundar la huelga. Ayer explicó que le hizo cambiar de opinión el anuncio del ministro Mariano Fernández Bermejo sobre la creación en 2009 en Eivissa de un juzgado de violencia doméstica. «Puede ser casualidad», señaló Torres sobre el hecho de que el anuncio se hiciera dos días antes de celebrarse la huelga.
«Quedarse solos»
Torres recordó que los jueces del partido judicial de Eivissa «fueron probablemente los primeros de toda España» en votar en a favor de una huelga. Lo hicieron por unanimidad en asamblea convocada por Torres el pasado 20 de enero y lo hicieron, remarcó el juez decano, «a riesgo de quedarse solos». Días más tarde Torres convocó otra asamblea en la que los nueve jueces titulares de la isla (Eivissa cuanta con once juzgados) también votaron a favor de la huelga, pero esta vez no por unanimidad sino por «mayoría absoluta amplia», según el TSJ. Ayer Torres volvió a recordar los motivos por los que se realizaron las asambleas en las que se convocó la huelga: «La falta de organización de la oficina judicial, la falta de medios, la falta de formación y el estado del edificio judicial». En cuanto al seguimiento de la huelga en Eivissa, Torres lo calificó de «numeroso» y dijo que «cada uno [cada juez] ha decidido libremente».
Por comunidades
En otros territorios, según los datos oficiales del CGPJ. la comunidad donde porcentualmente se ha producido un mayor seguimiento de la huelga ha sido Aragón, donde un 65'35% de los jueces pararon ayer (un total de 83 de los 127 que ejercen en dicho territorio), seguida de Murcia, con un seguimiento del paro del 62% (84 de 134); Valencia, con un 60'19% (han parado 254 del total de 422 ejercientes en esta comunidad); Extremadura, 56'99% (han parado 53 de un total de 93 jueces), y Canarias, con un 51'22% de los jueces en huelga (hicieron huelga 105 de 205).
Por su parte, el presidente del PP en las Pitiüses, Miquel Jerez, comentó respecto a la jornada de ayer: «No es una buena noticia que los jueces hagan huelga y nos habría gustado que estuvieran en sus puestos de trabajo, pero las circunstancias obligan a protestar y manifestarse por el déficit de medios que no les permiten desarrollar su trabajo con absoluta dignidad».
«Desde el PP entendemos», comentó Jerez, «comprendemos y compartimos su sensibilidad y realizamos nuestra más enérgica protesta por la situación de extrema precariedad que sufren, con una carencia de medios que no tiene precedentes».
Por su parte, desde la Unión de Consumidores de Balears anunciaron ayer que se va a presentar una queja por la huelga ante el Defensor del Pueblo para conocer los motivos de la protesta. «Es necesario aclarar su naturaleza o motivación», señalaron.
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