El afectado interpuso una denuncia en el juzgado y emprendió acciones legales contra el médico ahora condenado.

La competencia entre las diferentes empresas médicas privadas, en lo que en su día se conoció como «la guerra de las ambulancias» en la isla, ha costado a uno de los titulares de una de estas sociedad pagar una indemnización de 6.000 euros y una multa de 4.500 euros. Una sentencia de un juzgado de Eivissa recoge como probado que el empresario incurrió en un delito al injuriar al gerente de otra firma rival denunciando falsamente ante la Conselleria de Sanitat que dicha persona estaba trabajando mientras sufría tuberculosis.

La magistrada Martina Rodríguez, responsable del juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa, es clara en su sentencia cuando dice: «La conducta del acusado no iba encaminada más que a conseguir destruir o menoscabar la reputación de la empresa de la que el denunciante era competencia directa de la que él era titular».

El conflicto entre ambas sociedades motivó que todos los trabajadores del servicio médico afectado tuvieran que hacerse la prueba de la tuberculina y que el afectado estuviera bajo sospecha después de que llegara a la citada conselleria una carta en la que, entre otras afirmaciones, se le señalaba como «un foco infeccioso ambulante». La 'lucha por el mercado' llevó a esta situación después de que el denunciante presentara entre agosto y octubre de 2002 sendas denuncias ante Sanitat en las que se ponían de manifiesto diversas irregularidades en la empresa que explotaba el acusado, J.A.R., socio de Eurosam conjuntamente con otro facultativo, acción que motivó sendas inspecciones de este departamento «sin resultados desfavorables a la misma».

«Como respuesta a ello, el acusado, en venganza y con el propósito de desacreditar en su profesión, valiéndose de un empleado de ambulancias de su empresa, dirigió la citada carta a Sanitat». Todo ello coincidiendo con que el afectado, un año antes había sido sometido a una intervención quirúrgica para extirpar lo que resultó un quiste de grasa.

La juez entiende como probado que la propagación de estas sospechas «produjo una situación de deterioro en la salud del perjudicado, con crisis de angustia y llegando a temer seriamente por su puesto de trabajo, así como precisando tratamiento médico».