Los magistrados de la Audiencia Provincial comenzaron ayer a juzgar en la isla a los cuatro acusados -dos guardias civiles, uno de ellos apartado del cuerpo, y dos ex militares- de intentar extorsionar en Eivissa entre los años 2000 y 2001 a varias personas a las que supuestamente ofrecieron protección, entre los que se encuentra quien fuera ministro de Bosques de Guinea Ecuatorial, Teodoro Gguema Obiang, hijo del presidente de ese país africano. Los cuatro se declararon inocentes todos los cargos. Tres de ellos están acusados de extorsión y amenazas y el cuarto de facilitar información de la base de datos de la Guardia Civil a los otros tres, datos que después se empleaban, supuestamente, para allanar el camino de las presuntas extorsiones.
Al principal acusado, el ex guarida civil Francisco Javier G.C. se le reclaman 18 años y medio de prisión. Antes de comenzar el juicio, con el objeto de apoyar su alegato de inocencia, comentó a los periodistas que carece de antecedentes penales, que ha sido condecorado varias veces cuando pertenecía a la Benemérita y que en la actualidad trabaja como miembro de un servicio de seguridad en Ciudad del Vaticano. Al segundo acusado, Pablo C.G., que fue testigo protegido en el caso de Lasa y Zabala, que derivó en el encarcelamiento del general de la Guardia Civil Emilio Rodríguez Galindo, el Ministerio Fiscal le reclama 16 años. Al tercer acusado, Miguel S.B., que al igual que el anterior es un ex miembro de la Armada, se le piden 17 años, y al guardia civil J.M.V.M., que era quien presuntamente facilitaba información de la base de datos del Instituto Armado, cinco años.
Sus abogados insistieron en que no hay «pruebas de cargo» contra sus defendidos y en que ninguno de los supuestamente extorsionados y amenazados se ha presentado como acusación particular. Según el Ministerio Fiscal, Francisco Javier G.C., Pablo C.G. y Miguel S.B. crearon la empresa ATISS, dedicada a la seguridad, con el objeto de cometer las extorsiones. En el juicio Francisco Javier G.C. aseguró que él no formaba parte de ATISS, ya que era guardia civil y por lo tanto no podía realizar funciones privadas de escolta. Sin embargo, sí reconoció que en agosto de 2000 acompañó a Pablo C.G. y Miguel S.B. a la villa de Sant Antoni en la que residía Obiang, pero dijo que se quedó fuera.
El secretario de Obiang, Luis Asuum Mba Medja, denunció ante la Guardia Civil que los miembros de ATISS le ofrecieron sus servicios de protección y que, al negarse, le pidieron «un millón y medio de pesetas» para cada uno por los gastos, algo que los acusados negaron ayer ante los magistrados. Entre la lista de presuntos extorsionados destaca también un alemán al que entregaron unas fotografías en las que salía su perro y su secretaria que, supuestamente, habían realizado ellos mismos, pero dijeron que se las habían encontrado a la «mafia rusa», con el presunto objetivo de atemorizarle. Según el fiscal, en este caso «no llegaron a hablar de cantidad alguna», ya que este hombre presentó una denuncia en la Comisaría del Cuerpo Nacional en la isla.
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