La sección primera de la Audiencia de Palma abrió ayer el juicio contra nueve personas, entre ellos un ibicenco, acusadas de repartirse diferentes actividades organizativas para llevar a cabo una operación de tráfico de hachís entre Marruecos y Balears, que finalizó el 19 de abril pasado con la incautación por la Guardia Civil en un barco a pocas millas de la costa sur de Menorca de un alijo en fardos de 3.500 kilos de ese estupefaciente. El principal encausado es Alberto B.P., de 61 años, natural de Maó y considerado por la Guardia Civil y la policía como un histórico del narcotráfico. Antonio T.R. formaba parte de la tripulación de la embarcación contrabandista apresado por el instituto armado.
Ocho de los nueve imputados, entre ellos el ibicenco Antonio T.R., de 58 años, se acogieron a su derecho a no declarar. Únicamente el marroquí C.A., una de las tres personas que viajaban en la embarcación 'Cap Horn', abordada por la Guardia Civil cerca de Cala Galdana, dijo que había embarcado con el fin de llegar a España para trabajar, y que desconocía el alijo de hachís.
El fiscal pide para cada uno de ellos seis años y medio de prisión por delito organizado y de extrema gravedad contra la salud pública, de sustancia que no causa grave daño y en cantidad notoria y con la utilización de buque.
Confidencial
Sin testimonio ni interrogatorio de los acusados, la sala juzgadora reclamó la declaración de los testigos, que en esta ocasión eran efectivos de la Guardia Civil que habían participado no sólo en el abordaje del barco y el decomiso del hachís, sino en la investigación previa que la propició, iniciada según el sumario a comienzos del año 2006.
A través del relato del instructor policial, la sala conoció que en los primeros meses del año pasado la Guardia Civil recibió información confidencial sobre la preparación de una operación de gran envergadura de adquisición de hachís en Marruecos, para su posterior traslado a Balears y luego a la Península, y su ulterior distribución en España y en Europa. A preguntas del fiscal, el instructor señaló que bajo la supervisión de un juez se había procedido al pinchazo telefónico y las consiguientes escuchas a las personas sobre las que giraban las primeras sospechas, y luego de otras a las que se iba incardinando en una compleja investigación.
En paralelo con esa pesquisa se habría procedido a identificación y seguimiento de hasta ocho personas que mantenían contactos para repartirse las diferentes tareas que conlleva la adquisición, descarga y repartos de distribución del cargamento de hachís.
Así, se sientan en el banquillo por estar a bordo del barco A.B.P., de 61 años, A.T.R., de 58 y C.A. Y también por su presunta complicidad R.V.O, de 48 años; B.M.A., de 68 y su hijo R.M.J., de 35; J.D.S., de 58; M.M.R., de 55, y H.A., de 42. La sesión judicial se reanudará mañana.
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