Leve condena por la venta de yates robados en Alemania y vendidos en Eivissa y Mallorca

Spitzer, que no ingresará en la cárcel por la presente condena al haber estado en prisión preventiva durante once meses a causa de la misma investigación, fue juzgado ayer conforme al Código Penal vigente hasta 1995, por lo que le corresponden penas inferiores a las que hubiera debido enfrentar con delitos similares en los últimos años.

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La Sección Primera de la Audiencia tenía señalado ayer juicio contra siete personas -seis alemanes y un español-, acusados de establecer entre 1990 y 1995 un negocio ilegal de venta de yates de lujo robados mediante la puesta en marcha de una red estable dirigida a la sustracción de lanchas motoras intrabordas de recreo en puertos deportivos del norte de Alemania, la Costa Brava, Eivissa y Mallorca.

Como quiera que varios de los acusados ya habían sido juzgados por estos hechos en Alemania y en España, y que dos de ellos son prófugos de la Justicia, únicamente Spitzer compareció ayer ante los magistrados y mostró su conformidad con las penas de arresto mayor y prisión menor que totalizan 17 meses y ya no requieren su cumplimiento.

Varios de los perjudicados por los robos y alguna de las compañías de seguros que cubrían los incidentes de las embarcaciones habían renunciado a las acciones que pudieran corresponderles en el procedimiento.

Según el relato del fiscal que fue asumido anteayer por la Sala para obtener un veredicto, Spitzer y las otras seis personas sustraían los yates, alteraban sus características y su documentación para evitar que los identificasen sus titulares, y procedían a su venta a terceras personas en Eivissa y Mallorca simulando ser sus propietarios legales.

Concretamente al condenado ayer se le atribuye el hurto en 1993 de una embarcación que su propietaria tenía amarrada en el puerto ibicenco de Sant Antoni, su traslado a la costa peninsular española y posteriormente por carretera hasta Alemania -donde fue cambiado su nombre, aspecto y números de motorización-, para finalmente trasladarla al puerto mallorquín de Santa Ponça donde fue vendida.

Similares operaciones fraudulentas fechadas en 1993, 1994 y 1995, esas veces con punto de partida en puertos alemanes y ventas en los puertos mallorquines de Santa Ponça y Can Pastilla, le fueron imputadas a Spitzer en la causa vista el martes.