C. CUEVAS El Ministerio Fiscal solicitó ayer la prisión incondicional y sin fianza para los siete detenidos en la Operación Transilvania, acusados de estafa, robo y falsificación de tarjetas de crédito.

Esta medida preventiva está justificada por el alto riesgo de fuga y la cuantía de las penas que se juegan los imputados, entre otras causas.
Según informaron fuentes judiciales, este caso podría ser juzgado por la Audiencia Nacional debido a que la falsificación de moneda es competencia de este órgano judicial. Aunque uno de los delitos de los que presuntamente se acusa a los siete detenidos, cuatro mujeres y tres hombres, todos de nacionalidad rumana, es la falsificación de tarjetas de crédito, éste se equivale con el de moneda, según informaron las mismas fuentes.

Por el momento, no ha trascendido la declaración que los ahora imputados hicieron ayer ante el juez decano, Juan Carlos Torres, responsable del juzgado de Instrucción número 1, de guardia esta semana.

Los siete detenidos fueron arrestados el pasado viernes en una operación, conocida como Transilvania, llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil de Sant Antoni. Los efectivos policiales efectuaron las detenciones en un domicilio ubicado en las proximidades de Sant Agustí, en el que se hallaron más de 34.000 euros en efectivo, dos pistolas simuladas, joyas por valor de unos 15.000 euros, ocho televisores de plasma, seis cámaras de vídeo, 36 teléfonos móviles de alta gama, ocho ordenadores portátiles, hornos, vitrocerámicas, ropa de primeras marcas, perfumes, aparatos de gimnasio y otros elementos de diversa índole hasta alcanzar los cerca de 250.000 euros en material intervenido.

Entre los efectos requisados por los agentes del Instituto Armado también se encontraron un centenar de tarjetas de crédito y documentos de identidad falsificados, así como un Mercedes clase E, valorado en unos 42.000 euros.

Al parecer, el modus operandi del grupo, que llevaba actuando cerca de tres años en varios lugares de la costa como Andalucía y Murcia, se basaba en robar tarjetas de crédito al descuido, y el correspondiente documento de identidad, con las que posteriormente realizaban compras en distintos comercios. Según fuentes de la investigación, nunca utilizaron la fuerza y se estima que podría haber más de una treintena de perjudicados.