En su declaración el acusado explicó que tras firmar un contrato elaborado por los abogados de la empresa en julio de 2002 percibió 6.000 euros. En septiembre del mismo año y acosado por el pago de la hipoteca del solar, que ascendía a 1.000 euros mensuales, solicitó a los compradores otro pago de 9.000 euros. Sin embargo, siempre según la declaración del imputado, al ver que las obras en su solar después no empezaban nueve meses después de firmado el contrato y que el pago de la cantidad estipulada por el mismo no llegaba decidió vender la finca a un matrimonio por 90.000 euros.
En este testimonio también aseguró que unos siete meses después de la firma del contrato la empresa le informó que le iban a descontar del dinero acordado 30.000 euros porque era el acusado quien se tenía que hacer cargo del pago de las infraestructuras de la urbanización del solar exigidas por el Ayuntamiento de Sant Josep como alcantarillado, aceras o instalación eléctrica. Gastos de los que se hizo cargo, posteriormente, el matrimonio que adquirió el terreno. El representante legal de la empresa demandante explicó en su testimonio que el acusado nunca se puso en contacto con ellos por falta de pago y explicó que no se retrasaron en la construcción y, por tanto, en la retribución al acusado, sino que el tiempo para que otorguen licencias suele dilatarse.
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