FRANCISCO BARRASA01/06/07 0:00
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La Audiencia de Palma dejó ayer visto para sentencia el juicio contra L.M.D.V., ex vigilante de una empresa de seguridad en Eivissa, acusado de apropiación indebida de una bolsa con 200.000 euros del reparto de una furgoneta blindada. La fiscal reiteró su petición de cinco años de cárcel y devolución de la cantidad presuntamente sustraída.

Por su parte, los defensores de ambos acusados pidieron su libre absolución por falta de pruebas de comisión de delito penal alguno, aunque con carácter previo plantean a la sala juzgadora la nulidad de los autos judiciales por los que fueron intervenidas las comunicaciones telefónicas y registrado el domicilio común de la pareja -donde aparecieron más de 90.000 euros en billetes de 500 y recogidos en fajas-, estimando que la falta de indicios sólidos para ordenarlas vulneró sus derechos constitucionales.

El ministerio público y la acusación particular pidieron también tres años de prisión y la corresponsabilidad de la devolución del dinero para E.R.P., compañera sentimental del principal acusado y también ex vigilante de seguridad en la misma empresa, como presunta autora de un delito de apropiación indebida en grado de complicidad.

El juicio por la desaparición de la bolsa con 200.000 euros que debía ser entregada en una sucursal bancaria de Sant Jordi se extendió durante cuatro jornadas ante el caudal de testimonios y pruebas periciales. Dada la inexistencia de prueba directa incriminatoria de la apropiación, el ministerio público y los letrados interrogaron de lunes a jueves a antiguos compañeros de trabajo de los acusados; personal de la empresa de seguridad; peritos; socios del principal acusado en presuntos negocios personales opacos a la Agencia Tributaria -en el juicio «trapicheos» con coches y caballos-, y los agentes que investigaron. La acusaciones basaron sus interrogatorios en los mismos indicios seguidos por la investigación de la Guardia Civil, esto es, la existencia de un desfase patrimonial de la pareja acusada -efectos y cuentas bancarias, adquisición de inmuebles, coches y electrodomésticos de alta gama- que no se correspondía con los ingresos por trabajo, cifrados en 27.000 euros en 2004, año de la denuncia.