No quiso pagar la cuenta y por su forma de proceder no incurrió en ningún delito de estafa. Así lo ha entendido un juzgado de lo Penal de Eivissa tras examinar la demanda presentada por un complejo hotelero de Formentera contra el cabeza de familia de un matrimonio vasco que se fue sin abonar una cuenta de 3.800 euros. El acusado, que se enfrentaba a una condena de dos años y un mes de prisión, manifestó desde el principio que no se negaba a hacer frente a la factura sino a solventarla sin que interviniera un mediador que estableciera si el precio era justo y no abusivo, como consideró éste. Todo ello, planteó durante la causa la posibilidad de que lo ocurrido fuera más bien un asunto a resolver por la vía civil que por la penal.
La empresa afectada, el complejo Maryland, propiedad de la cadena Insotel, sin embargo, se sintió estafada y decidió emprender primero la vía penal al denunciar a su cliente. Esto sucedió después de que, tras el desacuerdo, sus responsables intentaran cargar la cuenta a una tarjeta de crédito que el sospechoso había depositado y que presuntamente, según el abogado de esta empresa, anuló luego con la intención de no pagar.
La responsable de esta decisión judicial, la titular del juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa, ha tomado esta decisión tras considerar que no hubo ningún ánimo defraudatorio y tener en cuenta las declaraciones de un empleado del Patronato de Turisme de Formentera. Éste certificó en la vista oral que el sospechoso había querido dejar en consigna en esta institución la cantidad que le requería Maryland y que, al no poder hacerlo, preguntó si había algún sistema donde se pudiera depositar los 3.800 euros en litigio mientras se atendía la reclamación que presentó.
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