El fiscal pide tres años por un alzamiento de bienes con navieras implicadas

Entre los imputados figura P.F.Ll, ex empleado de Baleària recientemente detenido cuando desembarcaba con un amigo suyo en el puerto de Sant Antoni con tres kilos de cocaína en el maletero de un coche de esta compañía. Junto a éste, tendrán que sentarse en el banquillo Victoriano S.L. y Eduardo Luis M.A. P.F.Ll. fue en su día máximo responsable de Baleària en las Pitiüses pero terminó relegado a supervisor de a bordo. Tras su arresto, la naviera ejecutó su despido inmediato.

Baleària, sin embargo, no tiene nada que ver en este proceso de alzamiento de bienes. Los hechos se remontan a 1990 cuando la sociedad Hobalsa, avalada por Fletamientos de Baleares S.A, (Flebasa), concretó la compra del hotel Montemar de Sant Antoni por un importe de 95 millones de pesetas, operación para la que se entregaron cinco millones a cuenta, 30 quedaron retenidos por la parte compradora para hacer frente a una hipoteca que gravaba el hotel a favor de la banca Abel Matutes y el resto quedaba pendiente del pago mediante el libramiento de cinco letras de cambio, según el escrito fiscal. En la instrucción del caso, que se verá la próxima semana ante la Audiencia Provincial en Palma, se cotejó documentación perteneciente a otras empresas de Balears como Isleña de Navegación, Eurolíneas Marítimas y Fenamasa, además de las anteriormente citadas. Según el ministerio público, a partir de esta operación tuvieron lugar distintas maniobras financieras que permitieron a los sospechosos sustraerse de hacer frente al pago que le reclamaban los herederos del hotelero que vendió el hotel Montemar, un importe que se eleva exactamente a 540.918 euros. «El resultado de todos estos procedimientos ha sido que los herederos, de un precio inicial de 95 millones por el hotel Montemar, han cobrado cinco millones y los créditos que se les habían reconocido para cobrar esto han sido embargados a favor de Fenamasa, la cual es propiedad de Victoriano S.L., evitando Flebasa y Luis Eduardo M.A. tener que pagar la deuda», concluye el escrito fiscal.

Se da la circunstancia de que los mismos protagonistas de estos hechos tuvieron que comparecer meses atrás ante un tribunal alicantino para responder también de un delito societario del que salieron absueltos. El fiscal reclama también que los acusados indemnicen con 540.910 euros.