J. J. Monerri25/02/06 0:00
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La víctima, vecina de Cala Carbó, fue acribillada a balazos en la noche del 7 de agosto de 2003 cuando cenaba con su nueva pareja y un amigo en la terraza de un restaurante de Sant Josep. La declaración de un hombre que trabajó para la víctima como guardaespaldas es la última que había previsto el juez Juan Carlos Torres para intentar hallar una prueba concluyente en una investigación que se da por agotada.

Atrás han quedado una decena de detenidos, cerca de 8.100 folios y doce tomos que no deben aumentar a no ser que se estime un recurso presentado por la acusación particular para se acepte la toma de declaración de otros testigos propuestos. El guardaespaldas que fue contratado por López Calzado sólo sirvió para confirmar, una vez más, las sospechas que pudieron llevar a José Manuel C.P., jefe de un supuesto grupo mafioso de Madrid entroncado con la banda de Los Miami y más conocido como «El Panamá», a ordenar, planificar y ejecutar personalmente el asesinato de un hombre que, según todos los indicios, se movía en los mismos ambientes turbios que él. Ésta es la principal hipótesis que se ha barajado en un caso con múltiples hilos y madejas que, sin embargo, no se considera concluyente al quedar a la luz que «Micky», tal y como se conocía también al fallecido, mantenía muchas relaciones donde era fácil encontrar enemigos. El testigo que declaró ayer, al respecto, dijo que José Miguel López le pidió que le diera protección porque realmente llegó a temer por las supuestas amenazas de muerte que estaba recibiendo diariamente y que, según le confesó el difunto, provenían directamente de José Manuel C.P. Se cree que éstas se debían al impago de una multa de 200.000 euros por acostarse con su ex pareja. El caso queda ahora a disposición del fiscal, ministerio que, junto con las acusación particular, debe decidir si existen pruebas suficientes para pedir que los sospechosos se sienten en el banquillo ante un jurado.