Ninguno de los 32 detenidos en la redada que llevó a cabo la Brigada de Extranjería en el hotel San Remo de Cala de Bou, lugar donde se cree que dichas personas, todos ellos sin papeles de estancia en regla, estaban llevando a cabo trabajos de reforma sin contar con garantías laborales, se mostró dispuesto a declarar contra el empresario que se supone los contrató. La policía informó a los detenidos, 30 personas procedentes del este de Europa, al parecer todos rumanos, y dos magrebís, de los derechos laborales que existen y de que la persona que les requirió para estos trabajos podía estar incumpliendo la legislación que regula los derechos de los trabajadores. Según fuentes cercanas al caso, los detenidos no quisieron de primeras prestar declaración que pudiera responsabilizar al actual dueño del San Remo de su situación. La investigación policial, sin embargo, tal y como ha venido informando este periódico, continúa y el testimonio de cualquiera de ellos puede ser recogido de nuevo para las futuras acciones judiciales o administrativas que se puedan emprender por estos hechos. La policía ha recogido ya datos durante la investigación que confirman que los inmigrantes estaban cobrando tres euros por cada hora trabajada, una situación que podría estar repitiéndose en otros establecimientos del hotelero bajo sospecha. Todos los detenidos, menos tres, quedaron libres tras su paso por Comisaría y tras abrírseles expedientes de expulsión.