Más de una década después de los hechos, los tres acusados de
estafa por once proveedores de una obra de Sant Antoni se sentaron
en el banquillo de los acusados frente a los magistrados de la
Audiencia Provincial. En total, los once proveedores reclaman siete
años de cárcel a cada uno de los tres acusados y a la Caixa, como
responsable civil subsidiaria, la cantidad de 923.000 euros más los
intereses, lo que podría duplicar la cifra.
«No queremos el dinero para hacernos una casa ni para nada, sólo
para pagar las deudas que nos quedaron por su culpa», explicó uno
de los perjudicados en los pasillos de los juzgados. Los
proveedores no cobraron su trabajo en el edificio Paraíso
Mediterráneo, en la calle Cervantes de Sant Antoni, porque la
empresa promotora se declaró en quiebra.
Según la acusación, este proceso de quiebra, que ellos
consideran doloso, aún está siendo estudiado judicialmente. El
fiscal no formuló ninguna preguntas a los acusados en el juicio de
ayer. De hecho, el fiscal no advierte indicios de delito en la
actuación de ninguno de los tres acusados. Indignados por este
motivo, los perjudicados protestaban en los pasillos: «Alguien [en
referencia a los acusados] se quedó mucho dinero y se construyó con
él una mansión, que por supuesto no está a su nombre. Si los
declaran inocentes, proliferarán los granujas: según vaya la ley,
se hacen o no las cosas».
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