Dos prostitutas subsaharianas ofrecen sus servicios en el Passeig de ses Fonts de San Antoni en agosto del año pasado.
El Ayuntamiento de Sant Antoni está ahora estudiando el Proyecto por la Convivencia que está desarrollando la ciudad de Barcelona para buscar fórmulas e intentar acabar con la prostitución callejera, informó el concejal de Policía, Joan Pantaleoni. Este pasado verano, Pantaleoni viajó a Calvià para conocer los efectos de la ordenanza que este municipio ha creado contra la prostitución callejera y que, como consecuencia de su aplicación, motivó una sentencia judicial contra una prostituta, que fue condenada a pagar una pequeña cantidad de dinero por infringir esta norma, una sentencia que ha animado a numerosos municipios del PP en Balears a crear normas similares para intentar suprimir la prostitución de las calles. Esta ordenanza considera la prostitución una actividad comercial, por lo que su práctica en la calle requeriría una licencia municipal. Al no tener licencia, las mujeres pueden ser detenidas y juzgadas, según la filosofía de esta norma.
Costa considera que éste no es un problema que haya que solucionar penando, «sino regularizando». «Sería más honesto tratar el tema de la prostitución en general» que no solamente la que se ve porque se practica en las calles. Por su parte, el conseller de Bienestar Social dice que la iniciativa que está desarrollando el Ayuntamiento de Sant Antoni y otros del PP en Balears «son actuaciones que no se hacen sólo aquí, sino que se trata de una corriente a nivel europeo, donde hay actuaciones tanto sobre la oferta y como sobre la demanda».
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