El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, no escuchó
ayer los gritos de protesta de unos 30 simpatizantes de CCOO y
CSI-CSIF que le esperaban en la extensión de la UIB en Eivissa. El
ministro no vino a la isla. Tenía previsto pronunciar una
conferencia titulada «El futuro de la Constitución Europea», pero
dejó el trabajo a la subsecretaria de Justicia, Ana de Miguel, que
soportó los gritos, las pitadas y las críticas en el lugar de su
jefe. De Miguel podría haber visto ayer con sus propios ojos el
estado en el que se encuentra el edificio, pero no quiso
visitarlo.
«Movilització Justicia, Ara o Mai», «Reforma de la Justicia;
perdemos todos» y otras consignas de los dos sindicatos
mayoritarios presidieron la llegada a la UIB del Defensor del
Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros; el Defensor del Pueblo de
España, Enrique Múgica; y de la ibicenca María Luisa Cava de Llano,
primera adjunta del anterior. Nada tienen que ver estos personajes
con las demandas de los sindicatos, pero las pitadas se las
llevaron de igual forma.
Tras la presentación oficial de la VI Universitat d'Estiu
d'Eivissa i Formentera, titulada Los derechos Humanos en Europa
desde la perspectiva del Defensor del Pueblo, acto en el que
también participó el presidente Pere Palau, la subsecretaria de
Justicia se refirió a las demandas de los sindicatos, tanto en lo
que atañe a las negociaciones laborales de los funcionarios como al
edificio de los Juzgados, al que se refirió como «Palacio de
Justicia».
«Existe un proceso de ubicación de un nuevo Palacio de Justicia
en Eivissa», dijo De Miguel, que aseguró que «aún no hay nada
firmado» para desarrollar el proyecto «Eivissa Centre», plan
elaborado por el Ayuntamiento de Eivissa en supuesto consenso con
el Ministerio de Administraciones Públicas en el que se contempla
la creación de un nuevo edificio de Juzgados o Palacio de Justicia,
entre otros temas.
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