El vecino de Sant Llorenç que fue detenido por la Guardia Civil de
Sant Joan el pasado mes de junio después de que sus padres, una
pareja de ancianos, le denunciaran por amenazas de muerte y se
encontrara todo un 'arsenal' de armas en su domicilio aceptó ayer
una pena de un año y once meses prisión por los delitos de maltrato
y tenencia ilícita de armas.
El acusado, de 54 años, tampoco podrá acercarse a sus padres a
200 metros, ni comunicar con ellos ni presentarse en su domicilio
durante un plazo de tres años, el mismo tiempo que se le priva de
la posibilidad de tener armas. La Guardia Civil le requisó
escopetas, rifles, distintos tipos de pistolas, así como de armas
blancas, entre las que figuraban katanas, luchacos, arpones de
madera, una bayoneta y una ballesta. En dicho registro también se
decomisó gran cantidad de munición. La Guardia Civil, tras un
minucioso examen, comprobó que algunas de las armas podían ser
válidas para abrir fuego. Las penas de cárcel fueron
provisionalmente suspendidas pero la juez , la responsable del
juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa, Clara Ramírez, advirtió en
el juicio al acusado que su libertad podía ser revocada si no
habían prescrito los delitos de alzamiento de bienes y de lesiones
por los que fue condenado respectivamente en 2001 y 2003. Este
último, al parecer, fue imputado tras verse implicado en un
accidente. Ambas penas quedaron también en suspenso. El sospechoso,
por el delito de alzamiento de bines, fue condenado a dos años de
cárcel. Una discusión económica motivó las amenazas a sus padres.
Según el relato fiscal, el acusado le dijo a sus padres que los iba
a meter en un coche y luego los quemaría.
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