EMILIO LÓPEZ-PEP MATAS
Ligia García Damirán, nacida en la República Dominicana y nacionalada española, de unos 40 años de edad y sus dos hijas, Samantha y Carolina, de 12 y 8 años respectivamente, fueron halladas muertas ayer por la tarde en el interior de su domicilio, situado en el número 17 de la calle Morlá de Palma. Cada una de ellas tenía un disparo en la cabeza.

Los inspectores del Grupo de Homicidios llegaron al lugar y realizaron una primera inspección ocular. En principio parecía que la hipótesis era que la mujer habría matado a tiros a sus dos hijas con el arma reglamentaria del marido, suicidándose a continuación de un disparo. Los cuerpos de las niñas estaban desnudos en sus respectivas camas, mientras que el de la mujer estaba tumbado sobre la cama de matrimonio. Con la ayuda del forense, determinaron que las tres habían fallecido bastantes horas antes, entre la medianoche y las primeras horas de la madrugada. Sin embargo, ninguno de los vecinos preguntado por los agentes declaró haber escuchado disparos a lo largo de la noche. Otro vecino indicó que escuchó algunos ruidos, aunque en ningún momento le llamaron la atención, considerándolos como «normales». Otro dato apuntado por los investigadores es que en el piso hacía mucho calor, debido a que las ventanas estaban completamente cerradas. Un dato importante es que el autor de los disparos utilizó una almohada para silenciar las detonaciones. Después de haber escuchado a Pablo Riquelme, los agentes decidieron llevarse a éste último a la Jefatura Superior, donde quedó detenido, puesto que detectaron algunas contradicciones. Uno de los vecinos del bloque vio salir al hombre llorando del edificio, y con las manos tapadas por una bolsa de plástico.

La voz de alarma la dio sobre las 14.20 horas el compañero sentimental de la mujer, Pablo Riquelme, que es funcionario del Cuerpo Nacional de Policía en situación de segunda actividad, y durante años ha sido secretario regional del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Balears. Riquelme, que actualmente tiene un establecimiento de autolavado de coches en la misma manzana de la vivienda en que sucedieron los hechos, subió al domicilio después de comer y avisó por teléfono a un amigo suyo policía quien, a su vez, alertó al 091.

Mientras tanto, una comisión judicial se desplazó al lugar. El juez del Juzgado de Instrucción número 6, que estaba de guardia, ordenó el secreto de sumario. Su celo llegó a tal extremo que los cuerpos, retirados por la Empresa Funeraria Municipal, llegaron como indocumentados al Instituto Anatómico Forense. Los expertos de la Policía Científica estuvo trabajando en el lugar durante algo más de una hora, efectuando la inspección y recabando datos.