J. J. Monerri25/05/05 0:00
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«Fui como un corderito a firmar. Si no lo hubiera hecho, me hubiera llevado una paliza. Mi ex pareja me utilizó para sus chanchullos. He sido un peón. Cuando vendía por segunda vez la mitad de mi piso creía que ya no tenía nada que ver con esto. No he visto ningún dinero y lo único que he recibido a cambio son problemas».

Este fue el testimonio de descargo que ofreció ayer en su juicio una mujer de nacionalidad española que en su día fue vecina de Sant Antoni y que ha terminado siendo procesada por la comisión de una presunta estafa después de que fuera denunciada por vender dos veces su parte de un piso.

Tanto el fiscal como la acusación particular piden una pena de tres años y medio de prisión para la sospechosa. La afectada, amiga de la imputada, se encontró al volver de un largo viaje con la cerradura cambiada y con que su casa se hallaba con muebles distintos y ocupada por otras personas. La acusada afirmó en la vista que tras la operación, y «tras tres años de incertidumbre en Irán», su pareja, de esta nacionalidad, le abandonó «dejándome todo el marrón».

La casa en cuestión, un primer piso del edificio «Jamaica», ubicado en la calle Soledad de Sant Antoni, fue objeto de una primera venta en 1996. «Mi entonces pareja llegó a un acuerdo con el marido de una amiga, también iraní. Me dijo que yo tenía que vender mi parte del piso para saldar una deuda suya y así se hizo por dos millones de pesetas», dijo la acusada. Según su relato, ambos se fueron luego a Irán, país en el que estuvieron durante tres años. «No podía salir ni de casa y no podía regresar a España por problemas con el pasaporte», explicó.

La segunda venta tuvo lugar en 1999. Fue entonces cuando su compañero sentimental se desprendió de su propiedad, a la vez que supuestamente se volvía a hacer lo mismo con la otra mitad que ya había sido enajenada y que había correspondido a la mujer procesada por estafa.«Entonces fue cuando el se fue a su país y me abandonó», añadió. Esta misma persona fue condenada en su día a pagar 452.000 pesetas que había pendiente de pago por gastos de comunidad.

Tanto el fiscal como la acusación particular valoraron que la sospechosa nunca denunció coacciones de su pareja, al cual tampoco se le pudo escuchar de las acusaciones que se vertieron ayer sobre él.