El fiscal ha pedido que estas dos personas se sienten en el
banquillo para responder de un presunto delito de denuncia falsa
que le puede costar a cada uno de ellos el pago de una multa de
4.200 euros.
La actuación fiscal ha tenido lugar al investigarse la denuncia
que ahora ambos acusados presentaron en el juzgado en enero de 2003
y en la que hacían referencia a un supuesto trato degradante en
Comisaría tras haber estado detenidos cinco días. Dicha
investigación se sobreseyó, además de otra por lesiones, sin
pruebas contra ningún agente en abril de 2004. Un año antes el
comisario Angel Marí y varios miembros de la policía emprendieron,
a su vez, acciones legales por lo sucedido, molestos también porque
desde la formación política Els Verds se habían hecho eco de la
denuncia. Al final, sin embargo, pese a todas las responsabilidades
solicitadas por la policía, el fiscal únicamente ha pedido el
procesamiento de los dos ecuatorianos y que éstos respondan con tan
sólo una multa.
Así, el fiscal establece ahora en su escrito de acusación que
los dos ecuatoriano, John Àlvaro O.P. y Juan Antonio M.C.
presentaron dicha denuncia «con conciencia de faltar a la verdad».
En sus declaraciones, ambos inmigrantes, que entonces se hallaban
con residencia ilegal y que fueron detenidos por un robo del que
luego salieron absueltos, dijeron que estuvieron cinco días
encerrados en Comisaría sin poder ir al aseo y sin recibir ni agua
ni comida. Durante el proceso, sin embargo, matizaron estos
extremos. Aseguraron que lo que habían querido manifestar entonces
era que habían malcomido a base de bocadillos y con agua del grifo
que apenas bebían porque la creían no consumible.
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