El juez Juan Carlos Torres comenzó ayer en Eivissa a tomar
declaración a ocho de los diez detenidos por el crimen en Sant
Josep del empresario cordobés José Miguel López Calzado. Los
sospechosos que declararon ayer se eximieron de responsabilidad de
muchas de las preguntas que se les relacionaron en un caso
complicado por las ramificaciones halladas durante la
investigación.
Todo ello, tras desmantelar la Guardia Civil una supuesta banda
mafiosa de Madrid dedicada no sólo al tráfico de drogas sino
también a otras actividades delictivas como la extorsión o el robo.
En este sentido, al menos dos de los acusados aseguraron que sólo
se conocían por ser simpatizantes del Frente Atlético (nombre del
grupo ultra seguidor del Atlético de Madrid) y de llamarse para
quedar en el estadio Vicente Calderón. Éstos dieron a entender,
conjuntamente con otros dos de los arrestados, que habían sido
«utilizados», sin saber nada de las posibles extorsiones que sufrió
la familia de López Calzado tras su muerte, y menos áun del crimen,
para «colaborar» con unas llamadas. Por ello se iba a pagar un
sobre de 400 euros.
La investigación también barajó que uno de éstos, de profesión
taxista, tuviera contacto con el resto de acusados y se organizaran
con su concurso viajes a Málaga y a Eivissa, viajes en los que se
situó el coche que se usó para el crimen y la existencia de una
casa alquilada.
Hoy estaba previsto que se iniciaran las declaraciones del grupo
detenido en Toledo, en cuyo chalet se requisaron armas y droga.
El trabajo llevado a cabo por el instituto armado, pese a las
versiones recogidas ayer en el juzgado, se sustenta sobre la base
que cada una de las personas que fueron arrestadas tras nueve meses
de pesquisas jugaba un papel muy concreto y definido dentro de la
organización. Por esta razón se ha considerado que a los autores
materiales del crimen podían sumarse los que actuaban no sólo como
encubridores sino también como ejecutores de distintos cometidos
encargados por la red. Entre éstos, figuraba continuar con las
extorsiones que sufrió la familia de López Calzado tras su
muerte.
La Guardia Civil entregó por la mañana en el juzgado a los ocho
detenidos en una investigación que aún sigue abierta y que se
resolvió tras seguirse la pista de que la víctima murió acribillada
en la noche del pasado 7 de agosto por no haber pagado hasta
200.000 euros de multa que le impuso uno de los acusados, presunto
cabecilla de la banda, por mantener una relación sentimental con su
ex novia.
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